La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado la petición de acumular diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre convenios urbanísticos presuntamente irregulares firmados entre el Ayuntamiento marbellí y determinadas empresas. La defensa del ex alcalde marbellí Julián Muñoz pidió que se acordara la unión de dos de las 27 causas en las que se desglosó dicha querella, en concreto, las referentes a los convenios suscritos por el Consistorio con dos sociedades, dictados por la Sección Segunda, que rechaza esta pretensión.

En una de esas resoluciones, se argumenta la decisión en que no concurre la conexidad delictiva "por falta de identidad de los imputados", al no existir una total identificación de los sujetos, y por no coincidir "exactamente" el elemento temporal, rechazando la continuidad delictiva.

Según la Sala, se conseguiría el efecto contrario a la economía procesal, ya que se trata de causas con instrucción "muy compleja" y un enjuiciamiento único "supondría un entorpecimiento importante en la administración de justicia, con efecto dilatorio contrario a las garantías que a todo justiciable le ampara". "Difícil es ya la instrucción de una causa por los delitos de prevaricación, malversación y contra la ordenación del territorio derivados de las irregularidades ocasionadas con la suscripción de convenios, irregularidades en las ventas de terrenos, subastas..., para que, además, se tramiten simultáneamente y en la misma causa y por irregularidades en otros convenios urbanísticos, pero que se han espaciado en el tiempo y no existe una total identidad de sujetos activos", precisa la resolución.

Anticorrupción presentó una única querella, que se desglosó en 27 diligencias, contra el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, en la que situaba a ambos como "los artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles propiedad del Consistorio a unos precios muy inferiores a los del mercado". El escrito tuvo como base el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Dicho informe cuestionaba la valoración hecha de los inmuebles enajenados, puesto que el Ayuntamiento prescindió de los funcionarios municipales con competencia para esto y "contrató, a través de la sociedad Planeamiento 2000 SL, a tasadores externos", que fueron quienes realizaron todas las tasaciones contenidas en los expedientes de los convenios.

En la causa en la que se pide la acumulación, se investiga un convenio firmado en mayo de 1995 entre el Consistorio y la sociedad Emasa, vinculada al empresario Tomás Olivo, procesado en Malaya, según el auto, acuerdo por el que el Ayuntamiento "reconocía adeudar a dicha empresa 1,9 millones de euros y como pago se le cedieron ciertos aprovechamientos".

Aunque en principio este convenio "es semejante" a otro suscrito en su momento con General Galerías Comercial (GGC), por el que se siguen otras diligencias en el mismo juzgado, existen para la Sala de apelación "ciertas diferencias", como consta en el informe del fiscal. En esta otra causa se investigan decretos que dieron lugar a las escrituras de dación en pago por las que se adjudicaba a GGC inmuebles valorados en 13.362.734,85 euros.