El juez sustituto del juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha prorrogado un mes más el secreto del sumario sobre el caso de los ERE para que la Guardia Civil amplíe sus investigaciones. Fuentes del caso han informado de que la prórroga ha sido decretada por el juez sustituto, Iván Escalera, dado que la magistrada titular, Mercedes Alaya, no se ha incorporado de la baja laboral que inició el pasado 12 de septiembre.

El secreto del sumario fue decretado por el juez "por el tiempo imprescindible y plazo no superior a un mes", a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez precisó que el objeto de esta decisión, que se adoptaba por primera vez desde que en 2011 empezó la investigación sobre los ERE, era proteger la investigación de la Guardia Civil sobre "personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados". Una vez examinada la petición de la Guardia Civil y ante las "evidencias", el juez consideró necesario el secreto del sumario para "evitar interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de las investigaciones".

La actividad judicial en el caso de los ERE quedó suspendida en julio pasado, cuando la juez tomó declaración como imputados a los ex directores generales de Trabajo de la Junta Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Posteriormente se produjeron diversos acontecimientos como la salida de prisión de los tres encarcelados por Alaya: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que pagó 450.000 euros de fianza en agosto, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que quedó libre en octubre tras depositar 50.000 euros, y su chófer Juan Francisco Trujillo, libre sin fianza por orden de la Audiencia. También concluyó la comisión parlamentaria de investigación, que se cerró el pasado día 28 sin que los grupos fuesen capaces de consensuar sus conclusiones después de tres meses de trabajos.

El caso de los ERE es el más voluminoso tramitado en Sevilla pues acumula 23.000 folios y 60 imputados entre intrusos que nunca trabajaron en las empresas, mediadores, abogados y siete ex altos cargos de la Junta.

Cuando inició su baja laboral, la juez dejó pendiente de tomar declaración como testigo al presidente de la Asociación de Mayoristas de Mercasevilla y de acordar la comparecencia para fijar la fianza para el ex futbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como Pizo Gómez.