La Policía ha localizado en España 28 millones de euros en productos financieros y propiedades inmobiliarias, siete de ellas en Marbella (Málaga), vinculados al ex presidente de Egipto Hosni Mubarak, su familia y ex altos cargos de su gobierno. En cumplimiento de una comisión rogatoria cursada por el gobierno egipcio, han sido bloqueados 18,4 millones de euros en productos financieros de entidades españolas, dos inmuebles en La Moraleja, valorados en más de siete millones de euros, siete propiedades en Marbella, valoradas en más de tres millones, y cinco vehículos de alta gama registrados en Madrid.

Los bienes podrían ser fruto de delitos relacionados con malversación de fondos públicos, corrupción o enriquecimiento ilícito cometidos durante su mandato, informó la Policía Nacional en una nota de prensa. La autoridades egipcias reclamaron la localización de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, sociedades o cualquier otro bien, para que se procediera a solicitar las medidas cautelares restrictivas de los derechos reales que ostenten un listado de personas que asciende a 130.

Entre esas personas figura el ex presidente de la República Arabe de Egipto, su familia, altos cargos de su Gobierno, como ministros y otros funcionarios públicos de alto rango, así como empresarios afines a Mubarak. En la documentación de la comisión rogatoria, las autoridades señalaban que esos bienes podían ser fruto de la perpetración de presuntos delitos como malversación de fondos públicos, corrupción o enriquecimiento ilícito, causantes de "un grave daño a los fondos públicos de la República Arabe de Egipto".

A partir de la petición de auxilio judicial de Egipto, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF) abrió una investigación para recabar información sobre las 130 personas que aparecían en ese listado. Gracias a un estudio patrimonial de todos ellos, se localizaron una serie de cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles. Con esta información, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial la liberación de mandamientos judiciales a las respectivas entidades bancarias y registros de la propiedad y de bienes muebles en los que algunos de los investigados tenían propiedades.