Podemos denuncia "irregularidades" en la contratación de la campaña del 'no ni ná'

  • El coste del vídeo promocional del 4-D fue 3.000 euros más caro de lo aportado por Presidencia

Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez.

Teresa Rodríguez. / Alejandro García / efe

Podemos denunció ayer, tras analizar el expediente de contratación de la campaña del 4-D encargada por el Parlamento andaluz, que el trámite ha estado "plagado de irregularidades", lo que, a su juicio, hace "aún más grave" el caso. La formación morada indica que el expediente, "de tres únicos folios", deja al descubierto que la campaña tiene un precio de 16,996,87 euros, 2.996,87 euros más de la cifra aportada por Presidencia días atrás.

Además, en comparación con otros expedientes similares, no aparece la retención del crédito y tampoco hay ningún documento firmado por el personal administrativo de la Cámara que haya participado en el procedimiento para acreditar que cumple con la normativa de contratación pública.

Por otro lado, las fechas de la memoria justificativa invitan a pensar que la empresa, en la que trabaja un sobrino del presidente del Parlamento, empezó a hacer el vídeo sin que se hubiera tramitado el contrato. Por tanto, queda de relieve que las explicaciones dadas por el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, "no sólo son insuficientes, sino que generan serias sospechas por la falta de cumplimiento de la legalidad", por lo que aboga por una auditoría para "comprobar que no existen menoscabos legales por dicha contratación".

En particular, a Podemos Andalucía le preocupa que se haya incumplido el artículo 60. Prohibiciones de contratar, del texto refundido de la Ley de Contratación Pública, donde se especifica en el punto 1, apartado g, "la prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero".

Según la nota, también le preocupa que se ha incumplido la Ley de Contratación Pública en su artículo 138. Proceso de Adjudicación, que especifica, tras la modificación en vigor del pasado 3 de marzo de este mismo año, que en los contratos de servicios de suministros no se puede superar en ningún momento los 15.000 euros IVA incluido, y el contrato efectuado por el presidente del Parlamento se acercaría a los 18.000.

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