No es sólo el consejo de administración de Canal Sur, otras instituciones cuyos nombramientos deben salir del Parlamento andaluz tampoco se han renovado y es posible que finalice la legislatura sin que se produzcan esos cambios. Es el caso del Consejo Audiovisual de Andalucía, un organismo de control de televisiones en el ámbito de la comunidad, donde hay consejeros que fueron elegidos en el momento de su creación, en 2005, y aún no han sido renovados. Como en Canal Sur, el PP y el PSOE se repartieron los cargos en función de elecciones pasadas y ahora se muestran reacios para cambiarlos. Pasará la actual legislatura, y ni Ciudadanos ni Podemos conseguirán que entren profesionales propuestos por los nuevos partidos.

El Consejo Audiovisual no es un organismo tan importante como Canal Sur, su campo de acción se vio mermado por el escaso éxito que han tenido las televisiones privadas con ámbito en toda Andalucía. En la actualidad, sólo hay una: Bom TV, de la que un estudio del propio Audiovisual explica que el 74% de su programación es teletienda y videncia. No tiene ni un informativo, a pesar de que la ley le obliga a emitir dos diarios de, al menos, media hora cada uno. Sí controlan decenas de emisoras de televisión de ámbito local que ocupan el espacio radioeléctrico sobre el que la Junta puede ejercer esta vigilancia. Y, además, también supervisa las cadenas de Canal Sur y vigila el resto de privadas. Su última denuncia ante la Fiscalía fue a dos privadas nacionales por el tratamiento de un suceso relacionado con un menor.

Aun así, el Consejo Audiovisual tiene a 11 consejeros nombrados por el Parlamento. La actual presidenta, que se elige entre sus miembros, es Emelina Fernández, licenciada en Derecho y doctora en Comunicación. Tomó posesión en 2011, por lo que ya han transcurrido los cinco años de ejercicio. Los consejeros, que tienen exclusividad, régimen de incompatibilidades y un sueldo bruto anual de 60.741 euros, pueden estar en el cargo cinco años, pero el mandato se puede prorrogar otras cinco. Eso es lo que ocurrió en 2011, se les prorrogó esos cinco años, pero ya no es posible extender el mandato una vez más, por lo que éste ha caducado. La presidenta cobra 4.000 euros más al año, y a cuatro miembros del consejo se les paga el piso en Sevilla porque son personas domiciliadas fuera de esta provincia.

Ciudadanos pidió hace dos años que se renovasen los puestos caducados en el Consejo, pero ha tenido el mismo éxito que en Canal Sur: nada. Podemos ha sido menos activo, pero también demanda la elección. El problema es que los nombramientos exigen las tres quintas partes del Parlamento, lo que lleva a un acuerdo obligatorio entre PSOE y PP. Los dos grandes partidos son quienes más perderían, de ahí que su incapacidad para entender se mezcla con la falta de voluntad para cambiar una situación que le es beneficiosa. Algunos de los vocales llevan muchos años ligados a estos partidos.

La dinámica de los nombramientos en el Consejo Audiovisual, en Canal Sur y en la Cámara de Cuentas es el mismo: son vocales elegidos por una mayoría agravada del Parlamento, lo que se traduce en un acuerdo implícito entre los partidos, en este caso PP y PSOE, para nombrar a los consejeros. No obstante, es el PSOE el que mantiene la mayoría absoluta en estos órganos no renovados, aunque ya no cuenta con ella en el Parlamento.

En 2011, renovaron sus cargos José María Arenzana, Carmen Elías, Carmen Fernández Morillo, Marisa Pérez, Cristina Cruces, Francisco Cervantes y Eduardo Castro. Ya han cumplido, por tanto, su último mandato.

La pretensión de Ciudadanos, no mal visto por el PSOE, es que el Consejo Audiovisual bajase el número de vocales en su consejo.