Los primeros detalles sobre las cuentas de la Junta de Andalucía para el próximo año se han conocido... en boca del PP. La vicesecretaria de Organización de los populares andaluces, Ana María Corredera, adelantó en rueda de prensa que "le consta" que la Junta de Andalucía va a "congelar de nuevo" la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía (Patrica) y, además, va a "mantener los recortes" a los empleados públicos en 2014. ¿Cómo lo conoció? La filtración procede del anteproyecto que el Gobierno andaluz ha presentado ante el Consejo Consultivo, órgano que tiene encomendado elaborar un dictamen.

Es la primera vez que se da este tipo de práctica en la gestación de unos Presupuestos que corresponde a los partidos en el Gobierno, PSOE e IU, que tiene previsto presentar las cuentas el próximo martes. El PP ya ha protagonizado otras filtraciones gracias a alguno de sus miembros en órganos institucionales, por ejemplo, en el primer dictamen sobre la investigación de la Cámara de Cuentas del caso de los ERE.

El Consejo Consultivo es un organismo autónomo que desde 1993 dictamina sobre los proyectos de ley de la Junta. El artículo 8 de su Reglamento establece que sus miembros, el secretario general, los letrados y demás personal están obligados a guardar secreto sobre las propuestas y acuerdos adoptados, mientras que los asuntos sometidos a dictamen no hayan sido resueltos por el órgano competente, y en todo tiempo, sobre las deliberaciones habidas, así como sobre los pareceres y votos emitidos.

El presidente de este organismo, Juan Cano Bueso, lamentó ayer "profundamente" las filtraciones de información del anteproyecto de ley de Presupuesto del 2014 para Andalucía y avisó que ello "viola gravemente" las obligaciones de imparcialidad de los miembros de este órgano.

A través de un comunicado, Bueso indicó que las filtraciones han sido "utilizadas" públicamente por miembros de fuerzas políticas y recordó que estos comportamientos, "cuya autoría no es posible establecer", suponen un hecho "insólito" en la historia del Consejo.

A juicio de Cano Bueso, las filtraciones perturban "gravemente" el buen orden institucional y causan "un perjuicio irreparable" a la independencia y neutralidad política que debe observar un órgano como éste en todo momento.

Los adelantos del PP tampoco constituyeron una gran novedad. Prácticamente se daba por sentado que la Junta no levantaría la suspensión del recorte en las pagas extra de los funcionarios, que acometió en julio de 2012 y en las pagas de julio y diciembre de este año, la única comunidad autónoma con esta medida junto a Cataluña. También las transferencias finalistas a los ayuntamientos como consecuencia de la ley de Autonomía Local se quedaron el presupuesto vigente en 480 millones, cuando tenían que haber subido a 540.

La Junta prefirió dotar con 60 millones un plan de acción social por el que da comida a los escolares y contrata parados en los ayuntamientos.

El año que viene, según el PP, también incumplirá la ley, que establecía para 2014 llegar a 600 millones para que los ayuntamientos decidan su destino.

A la vista de que se "confirman las peores sospechas" , Corredera exigió a Susana Díaz que aproveche los días que quedan para "rectificar". Corredera expuso que el Presupuesto tampoco presenta las inversiones por provincias.

Ante la filtración, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, convocó a los medios y consideró "un suceso gravísimo" que el Consejo Consultivo haya "filtrado información" y tachó de "intolerable" que el PP-A le "dé amparo" a este tipo de conductas "ilegales", generando, a su juicio, "un precedente de gravísimas consecuencias".

Montero señaló que el Consejo Consultivo "ha contravenido su deber de reserva en el manejo de los datos sobre el presupuesto".