Caso de los ERE

Dos ex altos cargos de Aznar avalan la legalidad de las ayudas

  • Confirman que las subvenciones estatales a los trabajadores de la Faja Pirítica se ampararon en la orden de 1995, pero desconocen qué "procedimiento" siguió la Junta para tramitar las suyas

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Las dos ex altos cargos del Ministerio de Empleo imputadas en el caso de los ERE fraudulentos han defendido este martes ante la juez María Núñez Bolaños la legalidad de las ayudas concedidas por el Gobierno central para las prejubilaciones de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, dado que estaban amparadas en la orden ministerial de 5 de abril de 1995, pero han precisado que desconocen qué tipo de “procedimiento” de concesión siguió la Junta de Andalucía. La ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Soledad Cordova Garrido sí ha señalado que la Administración andaluza tiene "plenas competencias" para otorgar ayudas extraordinarias en materia laboral.

La primera en declarar en calidad de investigada ante la juez ha sido precisamente Soledad Cordova Garrido, quien ha explicado que las ayudas estatales se otorgaron conforme a la orden ministerial de 1995 y se cumplieron los requisitos de esta norma, por lo que las mismas fueron “legales” y no hubo ningún "intruso", personas incluidas a las que no le hubiera correspondido dicha ayuda. Así, Soledad Cordova, que sólo ha declarado a la juez y a su letrada, ha señalado que la ayuda estaba “fiscalizada previamente”, y ha defendido que se siguió el procedimiento de la orden, tal y como exponen los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el informe pericial aportado al juzgado que investiga el caso de los ERE fraudulentos.

Los trabajadores acogidos a las ayudas del Ministerio, ha proseguido, “cumplían los requisitos” de la citada orden de 1995. Según la investigada, la orden no exige requisito de edad, sólo que fuesen trabajadores afectados por el ERE y en situación de desprotección. Sobre el procedimiento que siguió la Junta para conceder parte de las ayudas al mismo colectivo, la ex alto cargo del Gobierno de Aznar ha dicho a la juez que lo desconoce, aunque ha reconocido que la Junta tenía "plenas competencias" para otorgar ayudas extraordinarias en material laboral.

Una línea de argumentación introducida por las defensas en la instrucción de los ERE considera que la actuación de la Junta estaba amparada en la orden ministerial de 1995, sobre todo a raíz del informe aportado recientemente por el director general del Ministerio de Trabajo Javier Thibault Aranda, quien reconoce que el Estado concedió ayudas "directamente" y sin concurso público entre los años 2001 y 2011, de una forma similar a la de la Junta de Andalucía.

Por su parte, la ex secretaria general de Empleo del mismo Ministerio, Carmen de Miguel García, también ha afirmado en su declaración que las ayudas del Estado fueron otorgadas conforme a dicha orden, como corrobora la IGAE. Además, ha precisado que los trabajadores cumplían los requisitos para acogerse a estas ayudas, remitiéndose en este punto a los informes de la Inspección de Trabajo obrantes en la causa.

Según esta ex alto cargo, los listados de trabajadores se revisaron para verificar que cumplían los requisitos y en el caso de que alguno no lo cumpliera, esa ayuda se anulaba.

La juez ha tomado declaración este martes a un total de 11 investigados en la pieza de la Faja Pirítica de Huelva, algunos de los cuales han criticado los "errores" del atestado elaborado por la Guardia Civil, destacando su falta de "rigor" y poniendo de manifiesto que no están de acuerdo con las conclusiones.

Dos "intrusos" han destacado expresamente a la juez los "errores" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por no haber tenido en cuenta los coeficientes correctores y han dicho que en cualquier caso cumplían los requisitos de la orden según la Inspección de Trabajo.

El secretario de la Federación minerometalúrgica de CCOO, Rafael Varea, ha declarado que la Junta puso en marcha las pólizas y los planes de prejubilaciones antes que se acabaran de comprobar los listados por la Seguridad Social porque no querían esperar más, por lo que entiende que pudieron producirse desajustes, han señalado fuentes del caso. 

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