Maeztu alerta de la vigencia de la crisis para las rentas medias y bajas

  • El informe del Defensor del Pueblo Andaluz revela que el 60% de las quejas y consultas se refieren a problemas del Estado de bienestar

Nada de recuperación, por el momento. Al menos no para todo el mundo. La amenaza de la crisis económica sigue vigente en Andalucía entre las rentas medias y bajas. Lo afirmó ayer el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu y lo hizo basándose en los datos del informe que la entidad que lidera realiza cada año. "Aunque los indicadores macroeconómicos digan que ha acabado, estamos preocupados porque la crisis sigue", dijo Maeztu. Y lo razonó: el 60% de las 18.923 actuaciones llevadas a cabo por la institución en 2015 están relacionadas con el Estado de bienestar, es decir empleo, salud, educación, vivienda y servicios sociales.

Maeztu fue muy crítico con lo que, a su juicio, es una pérdida de derechos que la sociedad viene sufriendo desde 2008 y que "está empezando a aceptar como normal". "¿Va a ser irreversible? Nosotros nos negamos", espetó el Defensor del Pueblo Andaluz antes de desgranar el documento, que este año se ha reducido hasta las quinientas páginas, frente a las mil de ediciones anteriores.

Entre los reconocimientos de derechos más requeridos por los ciudadanos en 2015 están los referentes al salario social (1.013 actuaciones), ya sea por la demora en los pagos o el reconocimiento del ingreso mínimo de solidaridad. Además, el Defensor va más allá y propone una mayor dotación presupuestaria para cubrir la demanda de estas ayudas, así como la modificación de la norma que las regula. El objetivo es poder atender a la población mientras no haya una ley andaluza de Renta Básica.

Otra de las iniciativas que propone Maeztu, también relacionada con los servicios sociales, consiste en garantizar los suministros mínimos vitales de luz y agua. Respecto a la electricidad, el Defensor ha promovido la firma de un convenio -que será inminente, según el Defensor- entre las empresas suministradoras y los ayuntamientos. El objetivo es que ninguna familia sufra cortes por motivos económicos. Para el caso del agua, Maeztu pretende que se reconozca el derecho a recibir de forma gratuita una cantidad mínima.

El empleo es la segunda materia más recurrente por la que los ciudadanos acuden al Defensor del Pueblo, sólo superado por los asuntos sanitarios. Y la entidad que lidera Maeztu pone el acento en la escasa eficacia de las políticas activas de empleo para solucionar el problema de paro estructural que sufre Andalucía. Por eso, propone una revisión de estas medidas para intentar mejorar su eficiencia. Y para sustentar su posición sobre la permanencia de la crisis sirven las 197 quejas tramitadas por necesidad de trabajo.

La última de las medidas concretas presentadas ayer por Maeztu tiene que ver con la política de vivienda "que debe ser social y no económica". Para ello, según el Defensor, habría que primar las baremaciones basadas en criterios sociales y no los sorteos. De esta manera considera que se agilizaría la adjudicación de pisos a quien más los necesitan. También apuesta Maeztu por fomentar el alquiler social de las viviendas que estén desocupadas.

Las actuaciones en materia de educación, que también están dentro de las referidas al Estado de bienestar, son, para Maeztu, un paradigma de la permanencia de la crisis en Andalucía. Según detalló, en los últimos años ha descendido el número de quejas y consultas relacionadas con la matriculación en centros educativos, que han sido sustituidas por las del servicio de comedor. "Lo que antes era una medida para favorecer la conciliación laboral se ha convertido en una política social", reconoció el Defensor, que explicó que hay familias que "no pueden matricular a sus hijos en el colegio si no tiene comedor".

También destaca, por volumen de actuaciones, los asuntos relacionados con los menores (1.174). En la medida que Maeztu es también Defensor del Menor, recordó que tiene pendiente una comparecencia en el Pleno para informar de la situación de este colectivo, pero mencionó que su trabajo al respecto se centra en paliar las situaciones de pobreza infantil y los posibles casos de violencia. Asimismo, el Defensor destacó los trabajos relacionados con la gestión administrativa y la garantías de transparencia, los retrasos en el pago y reconocimiento de prestaciones de dependencia, los problemas de medio ambiente y los relacionados con la población reclusa y su atención sanitaria.

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