La Junta supedita la financiación al acuerdo entre las 15 comunidades

  • La deuda histórica sigue siendo la "condición" para que Andalucía dé un sí al Gobierno central · El modelo andaluz se parece al planteado por el Ejecutivo

El ultimátum dado por el PSC al Gobierno central para que el sistema de financiación esté cerrado antes del 31 de diciembre no parece inquietar al Ejecutivo andaluz. Desde la premisa de que el modelo que está sobre la mesa es "válido" y que lo más conveniente es que cuente con la aprobación de las quince comunidades implicadas, el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, se mostró ayer convencido de que el acuerdo podría cuajar, pero eso sí, dejó claro que debe salir adelante sin la presión de amenaza ninguna, ni política ni temporal.

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Zarrías constató que entre el Ejecutivo central y la Junta las comunicación es "permanente" y que los documentos sobre los que se está discutiendo existe un alto nivel de coincidencia. "Por eso, estaríamos en disposición de poder firmar un acuerdo, pero debe ser a quince (País Vasco y Navarra están fuera del sistema). Hay que hacer un esfuerzo para que sea un documento aceptado por todas las comunidades y no un acuerdo de una o dos con el Gobierno. ¿Es posible? Creemos que sí", apuntó Zarrías.

La Junta aboga, por tanto, por "apurar al máximo" el consenso sobre el modelo de financiación que, por su validez, es "extensible" a todos los territorios y, como advirtió Zarrías: "Si llega antes, bienvenido sea, pero si hay que hacerlo un poco después, merecerá la pena". Con estos argumentos, desechó así la posibilidad de que no fragüe un acuerdo y se tenga que prorrogar el actual sistema de financiación.

Pese a no concebir condicionantes impuestos por otras comunidades, la claúsula que se sigue manteniendo en pie desde Andalucía para dar un sí al Gobierno es la deuda histórica y la horquilla inamovible de entre 1.148 y 1.742 millones de euros. Zarrías constató que ésta "no se ha olvidado" y que estará cuantificada y cobrada de acuerdo con el plazo que marca en el Estatuto andaluz -20 de marzo de 2010- y la prórroga suscrita en septiembre tras fracasar las conversaciones entre los dos ejecutivos por discrepar en la cuantía final.

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