La Junta reta al Gobierno con el impuesto a los bancos

  • El Ejecutivo andaluz reivindica su "derecho" a gravar los depósitos bancarios · La consejera de Presidencia acusa a Moncloa de "defender los intereses de la banca"

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Otro frente abierto -uno más- entre los gobiernos central y autonómico. Y esta vez con la banca de por medio. La Junta ha reaccionado, a toda velocidad y en contra, al anuncio de la creación por parte del Ministerio de Hacienda de un impuesto estatal sobre depósitos de clientes en entidades de crédito a tipo cero para evitar que las comunidades puedan aplicar uno propio, toda vez que dos administraciones no puede gravar el mismo hecho imponible.

La voz en contra a esta iniciativa del Gobierno central la puso ayer desde la Junta la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, quien reivindicó el "derecho" del Ejecutivo autonómico a cobrar el impuesto andaluz sobre los depósitos bancarios. Díaz recordó que el propio Tribunal Constitucional "avaló" esta misma semana dicha tasa al dictar en favor del Gobierno regional de Extremadura. La consejera exigió "explicaciones" a Moncloa sobre por qué ha creado un impuesto estatal en esta materia sin consultar siquiera a las comunidades que ya tenían establecido un impuesto autonómico en esta materia sobre ello, como es el caso de Andalucía, Extremadura y Canarias.

Díaz dijo "no dar crédito" al anuncio del Ministerio de Hacienda. A juicio de la consejera, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere "cogerle las vueltas al Tribunal Constitucional para, una vez más, seguir ayudando de manera descarada a los bancos antes que a los ciudadanos", algo que el PSOE-A no comparte porque su intención es la de "estar al lado de éstos". Díaz agregó que "esto es decirle al conjunto de los españoles que sus aliados y a quienes defienden es a la banca y no a miles de españoles que estamos pagando sus desaciertos y la especulación financiera".

El Gobierno andaluz tiene intención de estudiar "la letra pequeña" de la medida e intentará mantener el impuesto autonómico sobre los depósitos bancarios al considerarlo "constitucional". Aunque Díaz prefirió pno entrar en detalles sobre si la Junta va a recurrir a los tribunales para defender su impuesto -que no se venía cobrando en Andalucía desde 2011 a la espera de conocer la decisión del TC sobre el impuesto extremeño-, sí insistió en que analizará "primero" las condiciones de este impuesto estatal porque lo que la Junta no está dispuesta a consentir es que se "invadan competencias de Andalucía o se esté intentado hacerle el juego a la banca".

La Junta mantendrá el impuesto autonómico sobre depósitos bancarios en los presupuestos de la comunidad para 2013 -prevé 95,5 millones- y exigirá al Gobierno que "explique cuanto antes por qué pone un impuesto al cero por ciento para eximir a los bancos de que contribuyan en Extremadura, en Canarias y en Andalucía y seguramente en algunas otras comunidades que seguramente se hubieran sumando".

"Esto es lo que representa este Gobierno, un Gobierno muy de derechas que va a salir de la crisis de la manita de los bancos. Frente a eso, nosotros queremos salir de la crisis al lado de los ciudadanos", reivindicó la consejera.

Por su parte el vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador general de IU, Diego Valderas, consideró que la decisión del Ministerio de Hacienda es "un nuevo ataque" para la región andaluza, dado que, según calculó, restará 300 millones de euros.

Así lo destacó en una rueda de prensa en Córdoba, donde Valderas lamentó que esos millones de euros "significan muchos jornales y empleos en el medio rural", casi dos planes de fomento del empleo agrario en Andalucía.

En la misma línea que Díaz y Valderas se despachó también contra la medida del Ejecutivo central el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el presidente del grupo socialista en el Congreso, Javier Lambán. Chaves acusó al Gobierno de Rajoy de "invadir las competencias de las comunidades autónomas en un contexto de deslealtad institucional, porque no habla con ellas sobre las decisiones que va a tomar y que les afectan". Lambán enmarcó la decisión dentro del "despropósito neoliberal" que está caracterizando la política económicadel Gobierno.

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