La Junta negocia con Hacienda evitar nuevos recortes si sobrepasa el déficit

  • Unas décimas por encima del 1,5% fijado obligaría a acometer más ajustes en el Presupuesto de 2013. Aguayo confirma que Andalucía pedirá adherirse al nuevo fondo de liquidez para el pago a proveedores.

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La Junta de Andalucía y el Ministerio de Hacienda estudian la posibilidad de que la comunidad no tenga que hacer frente a nuevos ajustes si finalmente sobrepasa el objetivo de déficit para este año, que es de un 1,5%. Si al final ese objetivo se supera en unas décimas -hay previsiones que lo cifran en un 1,8%-, la Junta tendría que acompasar su Presupuesto del próximo año, que ya prevé una disminución en el gasto por el nuevo reto de terminar el ejercicio pasando de un 1,5% a un 0,7% de déficit. Por este motivo, la Junta y el Ministerio de Hacienda están valorando una solución si finalmente, y como ya barruntan los propios dirigentes autonómicos de PSOE e IU, Andalucía sobrepasa ese desfase entre ingresos y gastos. La pasada semana la delegada del Gobierno andaluz, Carmen Crespo, señaló que se estaban estudiando "fórmulas" ante esta posibilidad. La Junta entiende que sus planes de reequilibrio ya están definidos y no habría necesidad de nuevos ajustes, aunque es una cuestión que se está negociando, anunció ayer a esta redacción la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

La consejera confirmó en la sesión plenaria que continúa hoy en el Parlamento que Andalucía volverá a solicitar acogerse al mecanismos del Gobierno para obtener liquidez. El Gobierno dio de plazo hasta el próximo lunes y hasta ayer sólo Cataluña y Valencia indicaron que volverán a solicitar ayuda de este fondo ante el cierre de los mercados financieros. Precisamente, las condiciones para adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) también explicitan la estabilidad presupuestaria.

La cifra que solicitará la Junta de este fondo que el año que viene prevé 23.000 millones se estudiará en las próximas semanas, una vez que la Administración andaluza aún espera explicaciones por el "cerrojazo" del FLA de este año.

Hacienda decidió el martes no autorizar a Loterías una operación de endeudamiento por 6.000 millones, por lo que el FLA previsto de 18.000 millones se quedó en poco más de 12.000. Aguayo lamentó que eso no fue lo que se habló con el Ministerio, ya que las autonomías esperaban que se repartiera el dinero sobrante de las comunidades que no solicitasen fondos, hasta seis. Andalucía pidió del FLA 4.906 y el Gobierno le concedió el 43%,2.133 millones. Aguayo subrayó que en los últimos días se han reclamado unos mil millones adicionales "para atender mejor a los proveedores", pero se ha encontrado con ese cierre inesperado.

Aunque se seguirá reclamando y Aguayo espera una respuesta del ministro Cristóbal Montoro, la estrategia de la Junta pasa ahora por intentar cambiar los criterios por los que se conceden estas ayudas y que dotan de más dinero a las comunidades que más deuda tienen contraída. Para la Junta (que no entiende este fondo como un rescate para las comunidades con más dificultades, sino como una especie de línea de créditos a bajo interés), el diseño "no ha sido muy fino", por lo que solicitará que, uno, no se dé más dinero a las más endeudadas; dos, que la determinación del importe no se fije por el PIB, sino por la población, y tres, que se prime el pago a universidades o ayuntamientos por encima de los vencimientos de deuda.

Antes, la consejera afirmó que la Junta está prácticamente al 90% al corriente de sus obligaciones de pago, ya que hasta el 30 de noviembre se han efectuado pagos por 27.152 millones, de un presupuesto de 32.020 millones que fue recortado a unos 29.000. El diputado popular Rafael Carmona le reprochó que, si no se adeuda tanto," a qué viene decir que se necesitan 4.000 millones", por lo que dio más credibilidad al "clamor popular" de ayuntamientos, universidades, guarderías o constructores de que "aquí se le debe a todo el mundo".

Aguayo respondió que eso "falta monstruosamente a la verdad" y aceptó algunos retrasos en los plazos, ya que "los proveedores estaban acostumbrados a cobrar en 15 días".

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