Andalucía

La Junta perdió 7.700 trabajadores del sector sanitario entre 2011 y 2013

  • La Cámara de Cuentas revela que el SAS, la Consejería de Salud y las empresas públicas asociadas adelgazaron sus plantillas en un 8,22% en los peores años de la crisis económica.

Operación en el Hospital Regional de Málaga.

Operación en el Hospital Regional de Málaga. / JAVIER ALBIÑANA

La crisis económica y las medidas de austeridad impulsadas para contenerla impactaron como un misil en la línea de flotación del sector sanitario público de Andalucía. Años después, gracias a un informe de la Cámara de Cuentas, se pueden cuantificar los daños con más exactitud. En 2013, cuando las medidas de contención del gasto se hicieron efectivas, trabajaban en el sistema público de salud 7.773 personas menos que en 2011, justo antes de la ampliación de políticas como la jornada laboral de 37,5 horas semanales para los empleados públicos.

Esa iniciativa vuelve a estar de actualidad por la decisión del Gobierno de vetar la reducción a las 35 horas semanales que defiende la Junta. Según el organismo fiscalizador, la aplicación de la semana de 37,5 horas explicaría la desaparición de 4.643 puestos de trabajo en el sector público sanitario, según datos proporcionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que este miércoles recordó que la vuelta a las 35 horas ha supuesto la contratación de 3.100 profesionales, 1.500 menos que los que se perdieron entre 2011 y 2013. En función de la categoría profesional desaparecieron las plazas de 1.919 enfermeros, 1.609 administrativos, 1.286 facultativos y 1.266 auxiliares de enfermería.

En términos porcentuales -y teniendo en cuenta los efectos de la prolongación de la jornada laboral- el número de profesionales se redujo en un 3,31% entre 2011 y 2013. Sin contar con la atenuante del aumento de horas, la reducción de personal alcanza el 8,22% de la plantilla en los dos años analizados por la Cámara de Cuentas en su trabajo de fiscalización de la gestión de los recursos humanos de los principales componentes del sector sanitario público.

El documento del ente fiscalizador regional alude a cuatro agencias públicas empresariales sanitarias (Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir), a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y al área de Salud de la entonces Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que se desgajó en 2015. También se refiere al propio SAS, aunque sólo en los hospitales Reina Sofía de Córdoba, Virgen de las Nieves de Granada, Regional de Málaga y Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla. En estos cinco centros se concentraban entonces el 31,30% de los empleados del SAS y el 26,25% de su gasto de personal.

La Junta defiende que la reducción de empleo sólo fue del 3,31% por la ampliación a 37,5 horas

Esta reducción de plantilla generalizada repercutió en una disminución en el dinero dedicado a sufragar sus sueldos. El SAS fue quien logró un mayor ahorro, al recortar del capítulo I un 12,64% -un 8,88% menos entre 2011 y 2012 y un 4,13% entre 2012 y 2013-, mientras que en la consejería la reducción se quedó en el 7,26% y en las cinco agencias públicas empresariales alcanzó el 8,07%. El informe sólo recoge el dato absoluto de la reducción del gasto en el departamento que dirigía María José Sánchez Rubio: 5,25 millones de euros.

La Cámara de Cuentas también se fija en su análisis en la situación del personal eventual. En 2013 había una media mensual de 8.538 trabajadores de esta categoría. La mayoría -el 68,53%- eran estructurales, es decir, ocupaban un puesto de trabajo necesario para el sector sanitario público, pero no formaban parte de la plantilla fija del sistema por que la tasa de reposición estaba en el 10%. De cada diez vacantes sólo podía cubrirse una debido al decreto estatal de 2012 para controlar el gasto. Cuando elaboró el informe, la Cámara de Cuentas ya conocía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que instaba a a convertir en interinos a los eventuales que llevaban más de un año en el mismo puesto en un periodo de 24 meses. El ente fiscalizador asegura que no constaba en aquel momento que se hubiera materializado el cumplimiento de este fallo de la corte de Luxemburgo. Desde la Consejería de Salud explican que el informe es posterior al anuncio del proceso de interinización que ha beneficiado a casi 13.000 interinos y que está próximo a finalizar.

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