La Junta apoya un documento "fiel" al Estatuto que "fortalece" el Estado de bienestar

  • riñán destaca la "transparencia" de la propuesta del Gobierno y señala que aunque el apoyo final dependerá de los números, es un "buen punto de partida".

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no dudó en dar su apoyo y calificar de "positivo" el nuevo documento sobre el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno central a las comunidades autónomas, ya que es "fiel" con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, incluye los principios aprobados en el Parlamento andaluz y sirve para "fortalecer" el Estado de bienestar social. 

En rueda de prensa tras la última reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el año 2008, Griñán realizó una valoración del nuevo documento sobre financiación autonómica presentado por el Gobierno a las comunidades autónomas, que, a su juicio, es "positivo", por lo que "merece que lo consideremos un buen punto de partida para el acuerdo final", aunque reconoció que "el camino que queda es muy difícil". 

En este sentido, el vicepresidente económico se mostró convencido de que el acuerdo no se cerrará antes de finales del primer trimestre del año 2009, ya que "hay cuestiones importantes que ver, como los números, y la cuantificación de los fondos adicionales y de convergencias, así como decidir la ponderación de la población y qué grado de ponderación por las distintas variables".  

Griñán dijo que con independencia del camino que queda por recorrer, la posición de la Junta de Andalucía es de "apoyo" al documento, ya que presenta dos "valores muy positivos", como la "transparencia", puesto que se está haciendo con "las luces encendidas y con el conocimiento general de todas las comunidades autónomas"; y el hecho que sea "fiel reflejo de los principios incluidos en el Estatuto de Autonomía y se corresponde, además, con la posición que ha mantenido Andalucía desde su primer documento de 2006 y con las resoluciones del Parlamento andaluz". 

De esta forma, continúo explicando algunas de las cuestiones que hacen que desde Andalucía se apoye dicha propuesta, subrayando el hecho de que el documento presentado por el vicepresidente económico del Gobierno central, Pedro Solbes, reconozca algo "tan importante y que habíamos denunciado desde las comunidades autónomas, como que había un desequilibrio entre la financiación de las diferentes comunidades autónomas". 

"Lo que se había hecho con la luz apagada transcendió en 2005 y vimos que en esas reuniones bilaterales, la financiación por habitante no era simétrica, había una diferencia de financiación de 556 euros por habitante entre la comunidad más financiada (La Rioja) y la menos financiada (Valencia)", explicó Griñán, que destacó que la diferencia ha ido creciendo y no se ha corregido.

Griñán también destacó que en el documento se reconoce que existe un "desequilibrio vertical entre el Estado y sus ingresos y las comunidades autónomas y sus ingresos; y entre los gastos del Estado y de las comunidades autónomas". "El Estado ingresa el 59 por ciento de los recursos tributarios y su gasto es el 31 por ciento, lo contrario ocurre a las comunidades autónomas y corporaciones locales", indicó Griñán, que apuntó que en los gastos también se produce un desequilibrio.

"El reconocimiento expreso de esa asimetría horizontal y vertical es un buen punto de partida para la reforma, ya que queremos hacerlo gradualmente y partir de lo que ya hay", indicó Griñán, que destacó que la propuesta "corrige lo que no ha funcionado y se incorporan algunos principios muy queridos, como la equidad, es decir, que cualquier ciudadano español viva donde viva reciba los mismos servicios fundamentales de las administraciones que tienen que prestarnos".

"Esa igualdad, que es algo más que solidaridad impregna todo el sistema, por lo que es fácil dar la conformidad en términos generales a las bases puestas", aseguró Griñán, que subrayó que queda mucho por negociar, lo que no quita que se trata de una propuesta aceptable, ya que es "fiel con el Estatuto andaluz, es fiel con las resoluciones del Parlamento andaluz y con el modelo que propusimos en 2006". 

En este contexto, Griñán se refirió a los ejes de la reforma, entre los que llamó la atención el hecho de que se "refuerza" el Estado de bienestar social, algo "importantísimo, ya que nunca se había reconocido clara y nítidamente que el Estado de bienestar depende fundamentalmente de las comunidades autónomas".

Así, el vicepresidente económico de la Junta de Andalucía realizó un recorrido por los fondos adicionales, a la vez que mostró su satisfacción ante el hecho de que la población se haya tomado como la base del sistema, teniendo presente que se toman diferentes ponderaciones, como el hecho de que en Educación, se tome la población en edad escolar, es decir, de cero a 18 años; así como que en Sanidad se tome como referencia la de cero a cuatro años; y en lo correspondiente a Servicios Sociales se tome la población mayor de 65 años. 

Griñán también mostró su conformidad con el apartado correspondiente a la autonomía y corresponsabilidad fiscal, que significa la "ampliación de la participación de las comunidades en IRPF, IVA e impuestos especiales, lo que va a aumentar en 20 puntos porcentuales el peso de los recursos tributarios en la financiación de las comunidades".

Tras realizar un repaso pormenorizado del documento presentado por Pedro Solbes, el dirigente andaluz destacó que se ha "avanzado mucho" y que la fase final "será la que determine la posición de Andalucía, que por el momento es favorable". "Están todos los elementos propuestos por Andalucía", apuntó Griñán, que reconoció que por ahora están "contento", a la vez que aseguró que Andalucía "ha jugado un papel muy importante en este proceso de negociación". 

El vicepresidente económico aseguró que por el momento no se puede hacer cuantificación de lo que va a llegar a cada comunidad, a la vez que destacó que debe salir más beneficiada la comunidad que esté más perjudicada, como es el caso de Baleares. 

Por último, se mostró conforme con el hecho de que las políticas lingüísticas sean un hecho diferencial, ya que es "obvio y no debe dar lugar a desigualdades", "un hecho a financiar que hay que reconocer, pues significa un coste adicional". "Se trata de financiar que conozcan perfectamente su lengua materna y que conozcan perfectamente el castellano y ese coste adicional se financia y no pasa nada", concretó.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios