Hoy será un día clave en el pulso que desde hace un par de semanas mantienen la Junta de Andalucía y la juez Mercedes Alaya. Ni medio mes ha transcurrido desde que el Gobierno andaluz conoció que la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares no estaba nada satisfecha con su colaboración, calificada una y otra vez de "máxima" por la propia Junta, y que además solicitaba todas las actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001. Ahí comenzó el cisma porque la Junta no estaba dispuesta a entregar documentación que nada tuviera que ver con las irregularidades investigadas.

Desde el Gobierno respondieron con una mezcla de diplomacia y contundencia. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, anunció la negativa a dar unas actas que son "secretas", a no ser que el Consejo de Gobierno acuerde lo contrario, según la ley andaluza, pero aseguró que entregarían cualquier acuerdo que estuviera "motivado".

Con la pelota de nuevo en su tejado, la juez no se intimidó y al final de la pasada semana reiteró su deseo de contar con todas las actas en la instrucción del caso y, de paso, citó al letrado de la Junta para que ratificara su negativa a entregarlas y plantear un conflicto de jurisdicción. Juez y Gobierno se reunirán hoy a las 13:00 horas con posturas encontradas. El encuentro será clave porque ambos confían que la otra parte ceda y se llegue a un acuerdo que acelere el proceso de la causa. La Junta cree que la juez ha abierto una puerta al entendimiento cuando en su último auto, fechado el 30 de marzo, ya ofrece motivos del porqué de la petición de ciertos documentos. Así, solicita las actas a partir de 2001 porque en ese año se firmó el acuerdo marco entre la consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que ha permitido que la Junta otorgara las ayudas excepcionales, y "resulta importante para la investigación de la causa conocer si este acuerdo marco estuvo amparado en un acuerdo del Consejo de Gobierno". Además, Alaya quiere saber si entre 2001 y 2003 "se adoptó algún otro acuerdo ante la existencia de algún reparo por los órganos fiscalizadores, en concreto por la Intervención General y la Cámara de Cuentas", y si entre 2003 y 2004 "el Consejo de Gobierno adoptó algún acuerdo al poder tener conocimiento del déficit de financiación presupuestaria acumulado de 2001 a 2003".

Estas explicaciones son, de algún modo, lo que la Junta pide a la juez, que no solicite todas las actas y que pida acuerdos e informes concretos. La gran incógnita es saber si hoy ambas partes serán capaces de llegar a un principio de acuerdo, cuyo término medio estaría en que la juez sólo exija las actas relacionadas con el caso y la Junta no encuentre más obstáculos para entregar dicha documentación. En el caso más que probable de que no haya armonía, tendrá que ser el Tribunal Supremo el que dirimirá el pleito entre juez y Junta.

Por otra parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, comparecerá en el Parlamento el próximo jueves para explicar, a petición de IU y PP, el "destino indebido" de los fondos destinados a las políticas de empleo, así como las irregularidades producidas en las ayudas de la UE para el empleo estable.