"Lograr una Justicia del siglo XXI y no casi del XIX, que es lo que tenemos" es el reto que se ha marcado la Junta de Andalucía de cara a 2020. El consejero de Justicia, Emilio de Llera Suárez-Bárcena, anunció ayer una agenda de trabajo hasta 2020 con cuatro grandes ejes a abordar para conseguir tal modernización: el expediente electrónico, el acceso a la Justicia digital, el nuevo modelo de oficina judicial y la interoperabilidad de los sistemas. De Llera avanzó los proyectos durante un Foro organizado por el Grupo Joly -editor de este periódico-, con el patrocinio de Telefónica, en el hotel NH de Málaga.

El titular andaluz de Justicia e Interior habló de la importancia de una constante actualización digital, en la que la administración de Justicia debe estar en primera línea, "atendiendo a los cambios tecnológicos que se van produciendo a diario". De ahí que la Consejería haya iniciado una revisión y actualización de los recursos disponibles, a través de la "Agenda para una Justicia Digital en Andalucía 2020", que el propio consejero definió como "un ambicioso proceso de reinvención basado en el desarrollo de redes avanzadas de comunicaciones y aplicaciones electrónicas". Para su desarrollo, la Consejería contará con un presupuesto de 30 millones de euros procedentes de fondos europeos.

La primera de las cuatro grandes líneas de actuación es la implantación del expediente judicial electrónico; la Ley 18/2011 de 5 julio lo convierte en uno de los ejes estratégicos. Según matizó el consejero este avance permitirá la tramitación de todo el procedimiento judicial por vía telemática, un gran paso que iría más allá de la presentación de escritos y notificaciones -vía Lexnet- que se permite en la actualidad. Para su implementación será necesario "una profunda actualización de los sistemas y plataformas que dan soporte a la gestión procesal", con la creación de "un sistema de gestión procesal".

Para garantizar el acceso a la Justicia electrónica tanto de los profesionales como de la ciudadanía -el segundo de los ejes abordado por Emilio de Llera- la estrategia pasa por el desarrollo de la sede judicial electrónica, en la que la Consejería ya trabaja. "Las actuaciones permitirán establecer un mapa de recursos y servicios accesibles en función de los perfiles de usuarios y de los tiempos de la tramitación judicial, de forma que prime la transparencia y el acceso a la información sea ágil y flexible", matizó el consejero.

La agenda de trabajo plantea como tercer punto un cambio en el modelo organizativo de la plantilla judicial, "ante la necesidad, ampliamente compartida tanto de los sectores profesionales como por la sociedad de dotar a la Justicia de unos métodos y una organización del trabajo más ágiles, transparentes y eficaces". Una nueva oficina judicial y fiscal, para la que sentaron las bases en 2003, y sobre la que Emilio de Llera recordó que la Consejería ha "venido trabajando concienzudamente". De hecho, el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) recogía la semana pasada las órdenes de implantación de la Oficina Judicial en Vélez-Málaga y El Ejido, y de la Oficina Fiscal en Sevilla y Dos Hermanas. De Llera especificó que la tarea para desarrollarlas no ha sido precisamente fácil, porque ha implicado un largo proceso de trabajo y negociaciones con los sectores implicados. Solo resta que el Ministerio de Justicia dé el visto bueno.

El último eje de la agenda es la interoperabilidad de los sistemas y viene a constituir uno de desafíos más demandados en los últimos tiempos. La diversidad de sistemas y aplicaciones informáticas utilizadas dentro y fuera de la Administración judicial por parte de los actores implicados debe caminar hacia la integración de todos ellos, como especificó De Llera.

"Pero no sólo queremos avanzar en materia tecnológica y organizativa", aseguró el consejero, que habló de la alta tasa de litigiosidad y de cómo "únicamente sería controlable con otros medios complementarios para resolver conflictos -como ocurre en Inglaterra, Francia y Alemania- como son la mediación y el arbitraje". Sobre el Reino Unido concretó que ha conseguido que sólo el 5% de los conflictos llegue a los juzgados, resolviéndose el resto a través de este sistema. "Estoy convencido de la necesidad de trabajar en dos ámbitos: la divulgación generalizada de la mediación y la implantación en todas las sedes judiciales de puntos de información de mediación". "La gente no sabe lo que es la mediación, que se puede llegar a acuerdos más rápidos y baratos", matizó.

El consejero también recalcó que la asistencia jurídica gratuita es una prioridad para la Junta de Andalucía. "En la anterior legislatura conseguimos ponernos al corriente de los pagos de los servicios prestados por los magníficos profesionales de estos servicios, que muchas veces van incluso más por vocación que por interés económico", aclaró, al tiempo que se refirió al acuerdo alcanzado con los Colegios Andaluces de Abogados y Procuradores para restituir los recortes que sufrieron por la crisis.

Sobre las infraestructuras judiciales recordó como la acción política ha tenido que reorientarse para adecuarse a la realidad económica, por lo que a la hora de establecer prioridades son los derechos sociales los que están muy por delante de la construcción de edificios faraónicos. "Para el gobierno es primordial proporcionar una Justicia ágil a los ciudadanos antes que hacer grandes infraestructuras, que son importantes, no lo discuto, pero no imprescindibles", matizó. Manteniendo unos criterios de racionalidad, las prioridades pasan por el mantenimiento de las sedes, "sin obviar que existen edificios que necesitan una mejora y reforma"; resolver la falta de espacio o dispersión en las jurisdicciones; procurar la eliminación progresiva de los arrendamientos; y facilitar medidas que permitan el ahorro energético y la adaptación de las infraestructuras de cara a la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal mencionadas. De Llera recordó que en 2017 está previsto que entre en funcionamiento la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

El titular andaluz de Justicia fue más allá en el camino hacia la modernización de la Justicia, para lo que reclamó avances que quedan fuera de las competencias autonómicas. "El sistema judicial trabaja con sistemas obsoletos. Tenemos una ley de enjuiciamiento judicial pensada para la sociedad del siglo XIX y que nada tiene que ver con los principios de inmediación, concentración y celeridad propios de los modelos procesales del siglo XXI", aseguró el consejero. En el ámbito penal reiteró la necesidad de "un cambio de la norma que deposite la dirección de la investigación en el Ministerio Fiscal y deje a los jueces para lo que dice la Constitución que deben servir, para juzgar y ejecutar lo juzgado". Con ello se conseguiría que la instrucción no se alargue "y que al final cuando recae una sentencia condenatoria han pasado tantos años que el reo muchas veces se encuentra rehabilitado, reinsertado en la sociedad, por lo que ya el cumplimiento de la pena es innecesario e ineficaz, y hasta perjudicial". Preguntado por el caso Astapa, que arrastra más de ocho años de instrucción, insistió en que "es el modelo el que permite esas dilaciones, por eso es necesaria una ley de procesamiento judicial". "España es el único país de Europa que mantiene la investigación en manos de los jueces", insistió.

Si la plantilla funcionarial le parece ajustada, con el único matiz de la reorganización expuesta, en lo que se refiere a jueces, el consejero de Justicia aportó la ratio andaluz que maneja el Consejo General del Poder Judicial, de 12 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional -12,5- y "desde luego muy por debajo de la europea que es del 21,3. Para ponernos al nivel europeo harían falta en Andalucía 900 jueces más".

"Para lograr que la Justicia actúe con rapidez, solvencia y calidad, hay que cambiar el chip", expuso para finalizar su intervención el consejero, convencido de la necesidad de alcanzar un gran pacto por la Justicia.