El Gobierno andaluz ha exigido al PP-A que cambie, "arrime el hombro" frente a la crisis y abandone su política de "tierra quemada", aunque cree que con su líder actual, Javier Arenas, del que ha dicho que es un "lastre que va contra" Andalucía, el acuerdo esta "imposibilitado".

En estos términos ha resumido el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, la relaciones entre la Junta y el principal partido de la oposición durante los primeros ocho meses de legislatura, un periodo en el que el Gobierno autonómico ha trabajado -ha dicho- de manera "seria y rigurosa" por el interés general.

Como balance, el Gobierno autonómico sostiene que una de sus principales características ha sido el diálogo "permanente" con los agentes sociales y la política de "mano tendida" a los líderes de la oposición.

"Que haya o no acuerdos es responsabilidad de todos, pero sobre todo del mayor grupo de la oposición. Es bueno discrepar y disentir, pero obstaculizar como hace el PP es ir contra el interés general de los andaluces y beneficiar el interés particular", ha aseverado Zarrías en una rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno de este año.

Según ha dicho, a Andalucía le vendría bien una oposición que colabore, que arrime el hombro y tenga altura de miras y "no la que practica la política de tierra quemada y de bajos vuelos".

Por ello, Zarrías ha insistido en la idea de que Javier Arenas es el principal "problema" entre la Junta y el PP, el que "imposibilita" los acuerdos y "abandera una oposición radical y suicida que dispara contra todo lo que se mueve sin importarle el interés general".

Pese a este desencuentro, el vicepresidente cree que el Ejecutivo regional ha cumplido a la hora de dar prioridad a los objetivos recogidos en el discurso de investidura del presidente Manuel Chaves y del programa electoral del PSOE. Entre ellos ha citado la lucha contra la crisis económica y sus efectos en los ciudadanos, la profundización en los derechos sociales del Estatuto y el diálogo con los agentes sociales.

Andalucía es la comunidad autónoma que más medidas ha puesto en marcha para paliar los efectos de la crisis, fundamentalmente en materia de desempleo, ha subrayado Zarrías, quien ha recordado que antes de las pasadas elecciones el Gobierno aprobó un primer paquete de medidas que supuso una inyección a la economía de 1.400 millones.

A estas, sumó las acciones tomadas el pasado junio (1.374 millones) para incentivar la actividad económica, la liquidez y el apoyo a las familias, y las del mes de agosto, centradas en ayudas a las pequeñas y medianas empresas con dificultades financieras o la reducción en un 25 por ciento de carga tributaria para las empresas.

La pasada semana, la Junta consiguió aprobar y convalidar en el Parlamento el decreto-ley que regula el programa Proteja, que incluye medidas de transición al empleo por un importe de 360 millones.

Zarrías ha mencionado también la reciente aprobación del presupuesto andaluz de 2009, que crece un 5,6% y un montante total de 33.764 millones, "directamente dirigido" a impulsar la actividad económica.

Ha puesto énfasis en recalcar que las medidas desplegadas por el Ejecutivo andaluz durante los ocho primeros meses de mandato "no ha mermado" las prestaciones sociales de los andaluces. "Muy al contrario, seguimos a la cabeza de los nuevos derechos sociales y en la implantación de nuevos servicios destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha aseverado.

Ha mencionado, en este sentido, la aplicación de la ley de Dependencia en Andalucía que, con "más de cien mil" beneficiarios directos, es la comunidad con mayor prestaciones. Andalucía dispondrá en 2009 para seguir aplicando esta ley de un fondo estatal de 74,3 millones, ha destacado Zarrías, que ha adelantado que el cumplimiento del Plan Concertado de Vivienda y Suelo de la comunidad está en un 130 por ciento.

Respecto al Estatuto, el Gobierno andaluz ha señalado el cumplimiento de "dos hitos" como el traspaso de la transferencia de la Cuenca de Guadalquivir, que será efectivo a partir del 1 de enero, o el convenio de cooperación con la Ciudad Autónoma de Ceuta.