La actuación de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el desvío del barranco de San Jerónimo, que se investiga en el caso Nazarí sobre corrupción urbanística en Granada, ha quedado en el punto de mira, después de que la juez haya pedido a los peritos de la Junta de Andalucía que aclaren ciertos aspectos de aquella operación urbanística que han planteado varios investigados y que dejarían al organismo estatal en una posición complicada.

En los escritos que el Juzgado de Instrucción 2 de la capital ha remitido a los inspectores de la Junta, se pide que, entre otras cosas, aclaren si "existió una dejadez manifiesta en la tramitación realizada por la CHG, que estuvo más de un año sin realizar actuación ni pronunciamiento alguno" sobre la desafección de los terrenos que iban a liberarse tras las obras de desvío del barranco, en el Plan Parcial N2 de Caserío de San Jerónimo.

Esta es una de las denuncias de uno de los cargos de Urbanismo investigados por presunto trato de favor a empresarios de la construcción. En la misma línea se han pronunciado las defensas de otros investigados, como la ex concejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros tres altos cargos del área. Su letrado presentó un extenso listado de cuestiones para someterlas a la aclaración de los peritos de la Junta que han hecho el informe sobre la actuación urbanística de ese plan parcial. La magistrada ha aceptado remitir todo esto a los inspectores para que puedan hacer un informe aclaratorio al que ya presentaron en septiembre pasado y que era muy negativo respecto a los investigados en el caso.

La defensa de Nieto y otros cargos de Urbanismo, así como la del funcionario Gaspar Navarro, cuestiona conclusiones en las que los peritos consideraban nula toda la tramitación urbanística de la zona.