Imputadas 200 personas en un fraude a la Seguridad Social en Granada

  • La Tesorería detectó un volumen de deudas muy alto en un periodo muy corto en empresas que no tenían ninguna actividad · Las investigaciones aún no han calculado la cantidad de dinero defraudado

Doscientas personas -entre empresarios y trabajadores- y al menos seis empresas están implicadas en el supuesto fraude a la Seguridad Social detectado por la Tesorería General en Granada y que ha sido puesto al descubierto en una operación coordinada por la Comisaría General de la Policía Judicial. Las investigaciones se remontan a hace un año; fue entonces cuando empezó a tirarse de los primeros hilos y ayer cuando se ataron los primeros cabos. La cifra de doscientos imputados ya da cuenta de la magnitud de la trama, tal y como afirmó ayer el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz.

Las sospechas de fraude comenzaron a producirse entre los trabajadores de la Tesorería General al detectar que había algunas empresas que generaban un alto volumen de deudas a la Seguridad Social en un periodo de tiempo muy corto. Tras ponerlo en conocimiento de una unidad especializada contra el fraude, ésta realizó una inspección y descubrió que estas empresas no generaban actividad alguna.

La directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, Inmaculada Hidalgo, precisó que los administradores de las empresas supuestamente implicadas en el fraude eran los mismos en todos los casos. La trama se destapó en una oficina del Instituto Nacional de Empleo de Granada. "Los mecanismos de control que tiene la Seguridad Social, un simple cruce de datos, advirtieron las primeras irregularidades que dieron la voz de alarma a los inspectores para empezar a investigar", explicó Cruz.

Las declaraciones de los imputados comenzaron ayer mismo en tandas de treinta. Hasta el momento, todos los que han declarado en las dependencias policiales son trabajadores, pero en los próximos días se espera la comparecencia de quienes rezan en la red como empresarios. De la investigación surgida de la operación que instruye un juzgado de Madrid, se desprende la connivencia de tanto unos como otros para acceder a las subvenciones mediante acuerdos laborales supuestamente ficticios y para lograr otro tipo de subsidios, como prestaciones por desempleo o cotizaciones para la jubilación.

Entre los detenidos se encuentran trabajadores y empresarios que supuestamente habrían certificado altas y bajas en la Seguridad Social para solicitar subvenciones. Algunos de los arrestados quedaron ayer en libertad con cargos con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean citados, mientras que el resto declarará en los próximos días ante los investigadores policiales. Según publicó ayer el diario La Opinión, el fraude es de tal magnitud que la cifra de imputados podría dispararse hasta 400.

La mayoría de los imputados procede de la zona norte de la ciudad, conocida como Almanjáyar, y su perfil responde al de hombre desempleado con escasos recursos económicos. Con todo, aún no se tienen datos de la cantidad que podrían haber defraudado a la Seguridad Social los imputados en esta trama ni si éstos conformaban una red que podría afectar a más provincias. Este extremo fue apuntado ayer por el delegado del Gobierno de Andalucía, Juan José López Garzón. La operación es la más importante de estas características desplegada en la provincia de Granada, y continúa abierta.

El caso de ayer no es el primero, cuenta con un precedente, en el que otros 13 granadinos fueron detenidos por fraude a la Seguridad Social con la intención de cobrar el desempleo. También en aquella ocasión las pesquisas de la Guardia Civil se prolongaron durante un año. Los arrestados en aquella ocasión fueron el asesor fiscal y laboral de una empresa de la capital granadina y doce personas más que le pagaron para que les diera el alta de forma fraudulenta en la Seguridad Social a través de contratos falsos con el objetivo de cobrar el desempleo o cotizar de cara a la jubilación.

La denuncia que dio pie a la investigación fue interpuesta por el propietario de la empresas cuyo nombre fue utilizado por el asesor fiscal para elaborar los contratos falsos cuando la Seguridad Social le reclamó 100.845 euros por el impago de los seguros sociales de 23 trabajadores.

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