Antes fueron las VPO para jóvenes, ahora las residencias para mayores. Entidades que pretenden construir centros residenciales en Andalucía se pueden encontrar con el "parón" crediticio de las entidades financieras, advirtió ayer la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, que hizo un llamamiento a los bancos y a las cajas andaluzas con el fin de que faciliten estos proyectos por la labor que realizan y el volumen de empleo "estable" que generan.

Andalucía cuenta actualmente con unas 35.000 plazas y la oferta por el momento da cobertura a la demanda, aseguró la consejera, "pero dentro de uno o dos años puede haber problemas". El tiempo de construcción de estos centros oscila entre 14 y 18 meses y es ahora cuando hay que iniciar las obras. "Nos preocupa que algunas empresas que tenían previsto construir, dentro de poco digan que tienen dificultades para obtener un préstamo", vaticinó Navarro.

Los centros residenciales acapararon el Consejo Territorial de Dependencia celebrado la semana pasada, cuyos detalles dio ayer a conocer la consejera. Dos temas ocuparon la reunión del Gobierno y las comunidades. Por una parte, la acreditación de centros, donde se acordaron los requisitos que deben cumplir estas instalaciones, a las que se da un plazo de tres años para la adaptación. Y el copago, la cantidad que el usuario destina para recibir los recursos, que pese a estar contemplado en la aprobación de la ley aún no se ha desarrollado. Las comunidades recibieron una propuesta del Gobierno "que no difiere en gran medida de lo que se aplica en Andalucía", aseguró la consejera.

Los dependientes con rentas inferiores al Iprem (516,9 euros al mes) quedan exentos de pago, salvo en las residencias, y los porcentajes que deben destinar si superan este indicador "es poco significativo". Se incorpora una novedad no aplicada nunca en la comunidad: se computará si el dependiente tiene vivienda habitual en su ingreso en una residencia, "algo que puede ser de sentido común".

En el organigrama de la Junta, el Consejo de Gobierno aprobó ayer una secretaría general específica a incluir en la Consejería de Igualdad. La Agencia Andaluza de Dependencia está prevista para 2009.