La secuencia es la siguiente: la Junta promete un hospital, mejor, un centro de alta resolución (Chare) hace una década, la mayoría en 2005, cuando asume el compromiso de que ningún andaluz esté a más de 30 minutos de un hospital. En ese momento el gobierno municipal de turno firma un convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de asumir la urbanización del terreno y los accesos. La primera piedra se retrasa, pongamos por caso, tres años, y llega la crisis, y las empresas adjudicatarias no lo ven claro, y las obras comienzan seis o siete años más tarde pero, al fin, finalizan, y el hospital está en condiciones de prestar servicio, e incluso la Junta adquiere equipamiento de última tecnología, pero como han pasado tantos años, el gobierno municipal de turno dice ahora que ese convenio no le afecta porque ha expirado, y da igual, porque no tiene dinero para construir los accesos. Así, una infraestructura terminada, con decenas de municipios y miles de vecinos demandando el servicio, queda bloqueada para detrimento de los usuarios, que asisten atónitos a la trifulca política inmediata.

Es el caso de lo acontecido con el Hospital de Alta Resolución de la Costa Occidental de Huelva, en Lepe, donde se espera atender 83.000 consultas médicas, 70.000 urgencias y 3.000 intervenciones quirúrgicas para los habitantes de la zona. La Junta anuncia el fin de las obras y culpa al Ayuntamiento de la falta de puesta en servicio; éste alega que no tiene dinero,que aquel convenio está caducado o que la reforma de la ley local convierte en impropias estas competencias.

Pero es el caso también, con circunstancias casi idénticas, de otras infraestructuras como el Chare de Cártama, en Málaga, que acumula más de dos años cerrado, a pesar de estar totalmente finalizado y equipado. Este edificio destinado a dar cobertura a vecinos de hasta 14 municipios del valle del Guadalhorce, está también a la espera de un vial que lo conecte con el mundo.

En este caso, la Diputación de Málaga ha salido al rescate. Justo ayer comenzaron las obras, cuya finalización está prevista para marzo. El pasado octubre la Diputación llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cártama, y anunció que asumía el vial de acceso y el suministro eléctrico del Chare del Guadalhorce, actuaciones valoradas en casi 800.000 euros que debía acometer el Consistorio cartameño, pero que no podía llevar a cabo y cuya no ejecución mantenía bloqueada la apertura de este centro por parte de la Junta. Para ello, las tres administraciones firmaron una adenda al convenio.

Y como el que paga, pone condiciones (se supone), el presidente de la Diputación malagueña, Elías Bendodo (PP), puso ayer las suyas: "La inmediata apertura del Chare en cuanto el vial esté disponible y que el personal sanitario con el que se dote sean nuevas contrataciones".

"No vamos a permitir que la Junta desvista a un santo para vestir a otro y que traslade a profesionales de otros hospitales para abrir el de Cártama", subrayó. Trifulca política servida.

En el caso de Lepe, no hay un rescate a la vista, a la vista de las declaraciones de los dirigentes de los partidos en la Diputación. El ex alcalde y presidente provincial del PP, Manuel Andrés González,reclamó ayer a la Diputación que ejecute estos accesos al igual que está haciendo la Diputación de Málaga con el Chare de Cártama. La contestación de la Diputación, gobernada por los socialistas, fue tajante: la institución provincial "no va a quitar dinero que emplea donde hace realmente falta para crear los accesos" del centro hospitalario de alta resolución, "simplemente porque se haya puesto en evidencia la nula capacidad de gestión de su ayuntamiento" y porque la institución "no tiene competencias al tratarse de un municipio mayor de 20.000 habitantes", dijo el portavoz del equipo de gobierno, José Luis Ramos.

Así que el Chare de Lepe, bloqueado, como el de Cártama hace dos años. En similar situación, con obras concluidas o a punto de concluir, se encuentran los municipios gaditanos de Vejer y La Línea (con chares anunciados para 2015 tras años de retrasos) o el cordobés de Palma del Río, donde también el ayuntamiento de esta localidad se comprometió a correr con los gastos de habilitar los accesos y de facilitar los suministros.Según anotó ayer el grupo parlamentario de Podemos, en el caso de Palma del Río se ha previsto una inversión de tres millones para estas obras complementarias, sin que correspondan al ayuntamiento y con el compromiso de que la Junta lo devolverá, aunque todavía no se ha aclarado la fórmula para hacerlo. Podemos ha solicitado una auditoría de las infraestructuras sanitarias.