Un día después del fracaso-ridículo protagonizado en el Parlamento andaluz por los tres grupos políticos representados, incapaces de aprobar unas conclusiones a la comisión de investigación que en los últimos cinco meses ha escrutado las ayudas concedidas a trabajadores en expedientes de regulación de empleo (ERE) con fondos públicos, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aceptó el "fiasco" en el "desenlace" de la comisión, de la que responsabilizó a todos los partidos, pero sobre todo, al PP.

La comisión de investigación, la primera en la Cámara en 17 años, ha puesto en entredicho la utilidad de este instrumento si, al final, es incapaz de sacar unas conclusiones, aunque sí ha servido para que algunos de los implicados tuvieran que explicar su participación en la concesión de estas ayudas sometidas a investigación judicial. El PSOE se enrocó en su tesis inicial de que el único responsable es el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y, aunque IU elevó la responsabilidad a los consejeros de Empleo que le mantuvieron (José Antonio Viera y Antonio Fernández), el PP optó por negar toda la comisión si Griñán o el ex presidente Chaves no figuraban entre los responsables. IU, molesta, decidió votar en contra entonces de un dictamen "mutilado" por PSOE y PP.

Como es práctica habitual en la vida política, los dirigentes se cebaron en las decisiones del partido contrario y por ello Griñán acusó a los populares de "boicotear" la comisión, porque "sólo era un pretexto para avalar sus intereses y no han perseguido conocer la realidad, sino hacer buenas las conclusiones que traía ya escritas desde antes incluso de empezar los trabajos". Así Griñán acusó al PP de practicar el "filibusterismo político".

Antes el presidente del PP Juan Ignacio Zoido reclamó su dimisión por la "falta de respeto" que ha supuesto "borrar lo que no le conviene que se sepa". Los populares siguen obcecados en la responsabilidad de Griñán cuando era consejero de Hacienda y se apoyan en los quince avisos que dio durante una década el entonces interventor general de la Junta, Manuel Gómez, a quien las últimas semanas el PP quiere encarar con Griñán. "Si usted no es capaz de rebatir a este alto funcionario, sólo le queda una cosa: dimitir", concluyó Zoido. El PP ha pedido una nueva comparecencia de Gómez en comisión.

Griñán le respondió que él ya compareció y respondió a lo que le preguntaron. Además, interpretó que el ex interventor le instase a actuar. "Allí se dijo que los informes a los consejeros no eran para que se hiciera nada, sino porque dependía de allí. No para que hiciera nada. Está escrito en la comisión. Lo que no consiguieron en las urnas, no lo van a conseguir así tampoco", finalizó el presidente andaluz entre voces de la bancada popular.

La corrucpión siempre tensiona las sesiones plenarias y ésta se descargó en la continuación, cuando el diputado del PP Rafael Carmona acusó al titular de Economía, Antonio Ávila, de estar en el "meollo" y Ávila le increpó por "atreverse a soltar por la boca" esa afirmación.