El Gobierno escenifica su apoyo al modelo andaluz sobre financiación

  • La comisión mixta Estado-Andalucía aprueba la creación de grupos de trabajo sobre el sistema a determinar y sobre el consorcio tributario · Las "discrepancias" con Cataluña, fuera del orden del día

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Una hora y diez minutos tardó la Junta de Andalucía en dar a conocer al Gobierno de la Nación lo consabido: en su opinión, el modelo sobre el que se debe negociar la reforma de la financiación autonómica es el que le remitió la Administración andaluza en 2006, basado en el criterio de población. Con un matiz, la necesidad de actualizar los datos para que se ajuste a los gastos reales, una revisión que está propuesta en el Estatuto andaluz.

Dentro de la ronda de reuniones previstas por el Gobierno central para conocer los planteamientos de las diferentes comunidades autónomas y presentar luego una propuesta consensuada, el turno le tocó ayer a Andalucía, en la segunda reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales tras la celebrada en Madrid el 7 de mayo de 2007.

A su conclusión, acuerdos para dos grupos de trabajo: uno para abordar la reforma del sistema de financiación y otro para el reforzamiento de los mecanismos de colaboración en la gestión tributaria, especialmente la creación del Consorcio Tributario previsto en el Estatuto.

La reunión estuvo presidida por el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, José Antonio Griñán, y el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña.

Andalucía basa su propuesta en el criterio de población para determinar las inversiones del Estado. El modelo cuenta con el visto bueno de la dirección federal del PSOE y fue apoyado por todos los presidentes autonómicos socialistas, salvo el de Baleares, Francesc Antich, en una reciente cena convocada por José Luis Rodríguez Zapatero. La postura de la Junta fue "respetada y valorada" por Ocaña, según informó a los periodistas tras la reunión la viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

Poco más se supo. Las "diferencias" con el modelo de Cataluña para alcanzar un acuerdo "no entran el campo de los planteamientos públicos" y se abordarán en el seno de la negociación, contestó Martínez Aguayo. Cataluña, que defiende el principio de aportación al Producto Interior Bruto (PIB) no dificultará que la población sea la variable básica para aproximar gastos y recursos en la financiación. Tampoco que se amplíe de forma sustancial la capacidad normativa de las autonomías. El recorte a los fondos de nivelación propuesto por la Generalitat -sólo educación, sanidad y servicios sociales, suprimiendo el bloque de servicios comunes, en el que entrarían vivienda o justicia- sustenta las diferencias entre ambos modelos.

La reunión, según se dio a conocer, se limitó al orden del día y prácticamente simuló a la comisión mixta Estado- Cataluña celebrada el 28 de mayo. La cita con Canarias el pasado lunes completa la ronda de reuniones, que continuará con Aragón y Baleares.

En Cataluña, el secretario general de Economía de la Generalitat, Martí Carnicer, entregó su propuesta de financiación a los representantes del Estado, que a diferencia del encuentro con Andalucía, no estuvo encabezada por Carlos Ocaña, sino por el secretario general de Financiación Territorial, Juan Manuel López Carbajo. La parte estatal no intercambió propuesta alguna, lo que Carnicer consideró "lógico".

Al igual que en el caso andaluz, las partes se remitieron al calendario previsto por el ministro de Economía, Pedro Solbes, para llegar a un acuerdo. La intención es, una vez concluida la ronda de reuniones con las comunidades, consensuar un modelo para el mes de septiembre u octubre, con vista de que el nuevo sistema de financiación pueda entrar en vigor a principios de 2009.

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