El Gobierno enviará al Parlamento una reforma del régimen disciplinario de los jueces para evitar más casos como el de Rafael Tirado, al que no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés sólo le ha supuesto una multa de 1.500 euros. Así lo anunció ayer, en declaraciones a Efe, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al conocer que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había rechazado suspender a Tirado. "El Gobierno estudiará la reforma en profundidad del régimen disciplinario de los jueces y llevará al Parlamento una ley para evitar que hechos así puedan volver a repetirse", expuso el ministro.

Bermejo añadió que el Gobierno "no está en absoluto de acuerdo" con la decisión del CGPJ de mantener la multa a Tirado, "que nos parece enormemente escasa" y subrayó que está "plenamente de acuerdo" con los vocales que han disentido de la misma. Además, apoyó la decisión de la Fiscalía de recurrir ante el Tribunal Supremo para que la conducta del juez Tirado sea calificada como una falta "muy grave" al estimar que se produjo "una desatención continuada en el tiempo" respecto de la ejecutoria de la sentencia y no un simple olvido puntual.

La reforma del régimen disciplinario de los jueces, que exige "reiteración" en la conducta para considerarla muy grave e imponer una sanción que no sea meramente económica, ha sido reclamada desde diversos sectores, especialmente a raíz de lo acontecido en el caso Mari Luz. Así, la secretaria judicial del Juzgado de Tirado, Juana Gálvez, fue castigada con dos años de suspensión de empleo y sueldo por los mismos hechos que se atribuyen al magistrado, ya que el régimen sancionador del colectivo al que pertenece es distinto y, además, la decisión depende del Ministerio de Justicia y no del CGPJ.

Por parte de la Junta no hubo ayer ninguna valoración oficial acerca de la sanción a Tirado, sobre la que sí se pronunció el PSOE. El portavoz de Justicia de los socialistas en el Congreso, Julio Villarrubia, opinó que si el juez Tirado tiene alguna responsabilidad por "hechos tan graves", ésta "no se puede resolver" con una multa de 1.500 euros.

También valoraron la decisión del Consejo del Poder Judicial las diferentes asociaciones profesionales de jueces, que en su mayoría se mostraron satisfechos con una sanción que consideran "correcta" y pidieron que el caso se dé ya por terminado. El portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM), Antonio García, calificó la decisión de "jurídicamente correcta" y que no puede ser considerada como "desviada", desde el punto de vista de la normativa aplicable y actualmente en vigor. El representante de esta asociación, de carácter conservador y mayoritaria en la carrera, explicó que, una vez más, los jueces demuestran que constituyen el colectivo que "más profundamente y de mejor forma conoce la legislación en vigor"

Miguel Ángel Gimeno, portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia (JpD), de signo progresista, declaró que habría aceptado la decisión del CGPJ "fuera cual fuera", aunque insistió en que conviene reflexionar sobre "los errores que se han cometido". "Hay que pedir disculpas por las disfunciones que se han producido, pero debemos hacerlo todos los que participamos en la Administración de Justicia y no sólo algunos".

Por su parte, el representante de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, afirmó que es una decisión "razonada y razonable para lo que debía enjuiciarse disciplinariamente". El portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, valoró positivamente que el CGPJ mantenga la sanción grave impuesta a Rafael Tirado porque ésta no se basa en las "trágicas" consecuencias que el error acarreó sino en la situación del juzgado.