El Gobierno destina 324.570 euros millones a Andalucía para financiar actuaciones en seguridad minera

  • El Consejo de Ministros aprobó el viernes la transferencia a 15 comunidades autónomas de más de 2,9 millones de euros para financiar las actividades derivadas del Plan de Seguridad Minera en el ejercicio 2008

El Consejo de Ministros aprobó ayer la transferencia a quince comunidades autónomas de más de 2,9 millones de euros para financiar las actividades derivadas del Plan de Seguridad Minera en el ejercicio 2008, de los que 324.570 euros millones corresponden a Andalucía, informó hoy el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Estas actividades serán ejecutadas directamente por las comunidades autónomas, siguiendo las líneas de actuación del Plan y los criterios acordados en la Subcomisión de Administraciones Públicas de la Comisión de Seguridad Minera celebrada el 14 de febrero de 2008, y en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de Directores Generales de Energía y Minas celebrada el 23 de marzo de 2006.

Estos criterios toman en cuenta de forma ponderada la población minera activa, la exposición a la siniestralidad, el número de explotaciones y la superficie de actuación.  

De esta forma, Castilla y León es la comunidad a la que se transferirá una mayor cantidad, con 553.954 millones de euros, seguidá de Asturias, con 478.782 euros, Cataluña (379.394 euros), Andalucía (324.570 euros), Galicia (302.815 euros), Extremadura (191.465 euros), Castilla-La Mancha (172.787 euros), Aragón (69.115 euros) y Valencia (60.35 euros). Baleares, Canarias, La Rioja, Madrid y Murcia, por su parte, recibirán 60.000 euros cada una.

El objetivo fundamental del Plan de Seguridad de Minería, aprobado en 1987, es el establecimiento de unas bases de actuación que hagan posible la disminución progresiva y permanente de los índices de accidentalidad en la minería, a través de una serie de acciones ordenadas que canalicen y permitan que las iniciativas y recursos de las diversas Administraciones Autonómicas se desarrollen de forma convergente con las acciones que competen a la Administración General.

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