Detectadas inspecciones falsas de gas en domicilios de Huelva y Sevilla

  • Los afectados realizaron las denuncias al comprobar los precios abusivos de los contratos

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a seis personas acusadas de realizar inspecciones de butano sin estar debidamente autorizadas. Según informó el Instituto Armado, la investigación se inició como consecuencia de las denuncias recibidas por vecinos de Tomares y Bormujos, en Sevilla, en las que manifestaban que les habían cobrado precios abusivos por arreglar la instalación del gas.

Los denunciantes explicaron a la Guardia Civil que estas personas habían cobrado entre 150 y 350 euros por estas "supuestas reparaciones", e incluso uno de ellos señaló que cuando se fue el supuesto revisor empezó a oler a gas en su casa.

Los guardias del Equipo de Investigación realizaron varias pesquisas de la empresa, a la que pertenecían los supuestos instaladores. Además, contactaron con la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y les informaron de que la empresa está inscrita y que su actividad es la de realizar inspecciones de gas en los domicilios y expedir certificados sobre estas inspecciones.

Ante las sospechas de los agentes de que a pesar de estar autorizados pudieran estar cometiéndose irregularidades e ilegalidades, realizaron una inspección al local de la empresa, ubicado en Sevilla.

Una vez en la empresa, los guardias identificaron a los trabajadores y junto al inspector descubrieron que se habían realizado multitud de inspecciones tanto en la provincia de Sevilla como en la de Huelva. Los investigadores conocieron también que los comerciales de la empresa estaban realizando labores de reparación y de inspección de las instalaciones de gas sin estar autorizados.

Por estos hechos, se detiene por supuesto delitos de estafa, de intrusismo profesional y delito de riego catastrófico al administrador de la empresa, E.R.A., de 29 años, y a cinco comerciales, J.A.A.B., de 27 años; W.B.A. de 19; J.M.R.A., de 25; A.F.C., de 24 y F.A.B.N., de 19 años.

Estos presuntos comerciales hacían firmar a sus clientes un documento que después resultaba ser el contrato de mantenimiento de la instalación, por lo que le cobraban 38 euros más el importe de la reparación.

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