Una operación de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat ha permitido detener a siete cazadores furtivos que actuaban en espacios protegidos de Tarragona, Lleida, Ciudad Real, Jaén y Córdoba. En el marco de esta operación, llamada Cazorla, también han sido imputadas otras cuatro personas por delitos de asociación ilícita, tenencia ilícita de armas y contra la flora y la fauna, según ha informado hoy el gobierno catalán. Las investigaciones comenzaron en junio del pasado año, cuando miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de los Agentes Rurales y de la policía autonómica constataron la existencia de un grupo organizado especializado en la caza furtiva de especies cinegéticas, no cinegéticas y en peligro de extinción.

La organización, según estas fuentes, realizaba de manera continuada acciones de caza furtiva en diferentes puntos de España, principalmente en épocas de veda y en espacios protegidos, donde mataban ejemplares de especies de gran valor, como la cabra salvaje o el muflón. En concreto, la red desmantelada actuaba en parques y reservas naturales de Tarragona, Lleida, Ciudad Real, Jaén y Córdoba. Los detenidos salían a cazar durante la noche y usaban armas sin licencia y con dispositivos prohibidos, como silenciadores o visores ópticos.

En la operación se han llevado a cabo números registros domiciliarios, en los que se han decomisado siete rifles, diez escopetas, nueve cuchillos, cuatro visores ópticos y cartuchos de diferente calibre. La policía también ha localizado una treintena de trofeos de jabalí y veinte cabezas de ciervo, muflones, gamos y jabalíes, así como cabezas y crías de animales congeladas.