El Consejo de Participación de Doñana aprobó ayer con 39 votos a favor y 11 en contra una resolución en la que se insta al Ministerio de Industria a que "evalúe con especial interés" el impacto que tendrá sobre el espacio protegido el oleoducto que planea el Grupo Gallardo y que atravesará de norte a sur la provincia de Huelva, afectando también a Sevilla, para hacer viable su proyecto de refinería en Extremadura. El texto también defiende que la infraestructura no reciba autorización gubernamental "si ocasiona afecciones negativas para al Espacio Natural".

La Junta -con el apoyo del resto de las administraciones, los sindicatos, empresarios y agricultores- consiguió así que saliera adelante su postura sobre esta polémica infraestructura. El texto aprobado no es vinculante "y no supone decir sí a este proyecto, sino defender las alegaciones de la Junta de Andalucía", según interpretó el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez, para la agencia Efe. Entre las alegaciones realizadas por el Gobierno andaluz al Ministerio de Industria por este proyecto se alerta del elevado riesgo que supone el incremento del tráfico de petroleros en Huelva o su cercanía al pantano de La Minilla, que abastece de agua a Sevilla.

Estos riesgos son suficientes para que el Consejo de Participación hubiera mostrado una negativa clara al oleoducto, según entendieron los grupos conservacionistas Adena y Ecologistas en Acción que llevaron a la reunión de ayer un texto alternativo en que defendían "un rechazo de modo inmediato al proyecto con independencia de la evaluación del mismo que haga el Estado". La propuesta de los ecologistas, "basada en el principio de prevención por el riesgo permanente que supone el oleoducto para Huelva", consiguió también el voto del representante de la Estación Biológica de Doñana, Juan Calderón, y el presidente del Consejo, el premio Príncipe de Asturias Ginés Morata. Votaron también con ellos los ayuntamientos de Isla Mayor, Palos, Moguer, Lucena e Hinojos.

El representante de Adena, Juan José Carmona, habló de "un día negro para Doñana en el que la Junta de Andalucía ha dejado de defenderla". Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción, aseguró que el Gobierno andaluz "ha dejado de abogar por el interés general para beneficiar a un industrial" y aseguró que su asociación llevará el asunto a Bruselas.