Comienza, 20 años después, el juicio por una gran estafa inmobiliaria en Marbella

  • La Fiscalía pide 28 años de cárcel para los británicos implicados, a los que se acusa de apropiarse de 5,7 millones de euros

Han pasado 20 años, pero los compradores de los inmuebles proyectados en la urbanización Nueva Andalucía de Marbella en 1988, y que jamás llegaron a construirse, tienen ahora la oportunidad de ver entre rejas a los responsables de que sus inversiones no se vieran materializadas. La Fiscalía malagueña pedirá, durante el juicio que se celebrará a partir de hoy, 28 años de prisión para tres de los cinco ciudadanos británicos implicados a los que se acusa de apropiarse de 5,7 millones de euros que los compradores ingresaron en la empresa que ellos crearon.

En octubre de 1988, la sociedad que promovía el proyecto de la urbanización marbellí, y que estaba presidida entonces por uno de los acusados concertó un contrato con otra compañía creada por los que se cree se apropiaron del dinero de los compradores.

El acuerdo permitía a la sociedad tener la exclusiva de ventas de los edificios de la primera en Europa, con excepción de España, Portugal y Estados Unidos. Pero si bien éstos tenían que revertir las cantidades a la empresa que promovía el proyecto, la acusación fiscal denunció que tres de los cinco procesados "se apoderaron de 5,7 millones de euros de los ingresos efectuados por los compradores". Dicha acción provocó la insolvencia en la promotora, que instó la suspensión de pagos en diciembre de 1990 e hizo que no se llegaran a construir los inmuebles proyectados. Además, uno de los acusados, que también era presidente de la constructora, incluyó su nombre en la relación de acreedores de la empresa aparentando un crédito a su favor de más de 500.000 euros que "no encuentra justificación en la contabilidad de la empresa".

Así, la Fiscalía acusa a los tres implicados que presuntamente se hicieron con el dinero, de apropiación indebida y por eso solicita para cada uno de ellos una pena de ocho años de prisión mayor, ya que la calificación provisional está realizada según la reforma del Código Penal de 1973. Asimismo, acusa a otro de los procesados de un delito de estafa por el que exige cuatro años de prisión menor.

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