Colectivos sociales alertan sobre las "graves consecuencias" de la nueva normativa de inmigración

  • Organizaciones de ayuda a inmigrantes consideran un "atropello jurídico inaceptable" la normativa que permitirá retener un año y medio a quien cometa la "falta administrativa" de no tener papeles

Comentarios 1

Las organizaciones Andalucía Acoge, Apdha y Cear Andalucía alertaron hoy sobre las "graves consecuencias" que traerá la directiva que será aprobada previsiblemente por el Parlamento Europeo la semana próxima para armonizar en toda la Unión Europea los procedimientos de repatriación de los inmigrantes irregulares, y que pretende, entre otras medidas, ampliar el plazo de reclusión de las personas inmigrantes retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de 40 días a un año y medio.

Por ello y ante la "criminalización" que se está haciendo de la población inmigrante, estas organizaciones informaron hoy en rueda de prensa que han enviado a todos los eurodiputados una carta alertando de las consecuencias que la aprobación de esta directiva traería consigo. En este sentido, las entidades sociales se preguntaron "cuántos centros de internamiento tendrían que crear en Europa para retener a los más de 8.000.000 de personas que residen sin documentación", y expresaron su temor a que estos centros se conviertan en "campos de semi-concentración" si la directiva sale adelante.

Estos colectivos calificaron esta nueva directiva de "atropello jurídico inaceptable", teniendo en cuenta que las personas que se encuentran en los CIE "no han cometido delito alguno, sino tan sólo una falta administrativa, como puede ser una multa de aparcamiento". Además, advirtieron que la situación de los CIE españoles "ha sido denunciada en repetidas ocasiones" por instancias nacionales y europeas por presentar "condiciones deplorables y por carecer de las garantías que sí ofrecen las prisiones". 

Por otro lado, lamentan que la "directiva de la vergüenza", como ha sido denominada esta nueva normativa por los movimientos sociales españoles, incluya la prohibición de entrada de cinco años para las personas que son expulsadas del país, lo que significa una doble pena para estas personas, y especialmente, para las personas que buscan protección internacional tal y como recoge la Convención de Ginebra de los Refugiados que España ha firmado. Así, señalaron que estos cincos años de prohibición de entrada que establece la propuesta cierran la posibilidad de acceso a los solicitantes de asilo que huyen de nuevas situaciones que se hayan producido en los países de origen.

"Las políticas migratorias europeas con directivas como éstas parecen encaminarse más a una Europa del siglo XIX con graves vulneraciones de los Derechos Humanos que a una Europa del futuro", lamentaron. En Andalucía existen actualmente dos CIE, uno en Málaga y otro en Algeciras, con capacidad para 300 personas.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios