Los vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han impuesto hoy su mayoría y han confirmado la multa de 1.500 euros que le fue impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado hace tres meses por el anterior Consejo por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés.

Esta decisión ha sido criticada por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien ha anunciado a Efe que el Gobierno reformará el régimen disciplinario de los jueces para que "no vuelvan a repetirse" casos como el de hoy, mientras que el padre de Mari Luz la ha calificado de "vergüenza nacional".

Catorce de los 21 vocales que integran el Poder Judicial se han mostrado a favor de no suspender al juez de sus funciones, como pedía el fiscal, por retrasos en ordenar la ejecución de la sentencia que condenó por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de Mari Luz, Santiago del Valle.

El pleno del CGPJ considera que la conducta de Tirado constituye una falta grave y no muy grave como la calificó el fiscal y como la consideran 7 vocales que se han mostrado a favor de imponer una sanción más grave al magistrado de Sevilla.

Según ha explicado la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, de estos vocales, formularán voto particular ella misma, José Manuel Gómez Benítez, Almudena Lastra y Félix Azón (todos ellos nombrados a propuesta del PSOE); Ramón Camp (CiU) y Margarita Uría (PNV), mientras que Concepción Espejel (PP) también lo hará al considerar, por el contrario, que el juez no cometió infracción alguna.

Así, han votado a favor de confirmar la multa, además del presidente, Carlos Dívar, 8 vocales del PP (todos menos Fernando de Rosa: Espejel, Gemma Gallego, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández y Antonio Monserrat) y 5 de los 9 nombrados a propuesta del PSOE (Margarita Robles, Miguel Carmona, Carles Cruz, Inmaculada Montalbán y Manuel Torres Vela).

Según Bravo, el pleno ha concluido que la conducta de Tirado se encuadra en un retraso injustificado consecuencia de una desatención leve y que, al tratarse de un retraso en una sola ejecutoria -la de Santiago del Valle-, no puede ser considerada muy grave.

La portavoz del CGPJ ha negado que se trate de una decisión corporativa de los jueces sino que está sujeta a derecho y basada en el principio de legalidad, así como que hubiera habido una fractura en el seno del órgano de gobierno porque "no ha habido bloques".

No obstante, posteriormente ha reconocido en declaraciones a los periodistas que se ha impuesto una "amplia mayoría judicial", aunque ha explicado que se ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo al respecto y que ha presidido "el interés de aplicar por encima de todo la legalidad vigente".

Los vocales que se han mostrado en contra de la decisión mayoritaria, a excepción de Azón, opinaban que debía ser sancionado con una suspensión que llevara aparejado el traslado forzoso.

En la sesión plenaria también se ha votado sobre la cuantía de la multa a imponer a Tirado y, aunque varios vocales solicitaron que fuera aumentada al máximo, esta postura no fue apoyada mayoritariamente.

Con esta decisión, el CGPJ ha desestimado los recursos que presentaron la Fiscalía -que pedía que fuera suspendido en sus funciones por 3 años- y el propio Tirado -que solicitaba el archivo de su expediente- a la sanción que los vocales de la Comisión Disciplinaria del anterior Consejo impusieron al juez.

La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante el Tribunal Supremo, lo que también podrá hacer el propio juez.

Santiago Del Valle fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Tirado, a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.

La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando Mari Luz fue asesinada.

Por estos hechos, el Ministerio de Justicia suspendió de empleo y sueldo por 2 años a la secretaria judicial de Sevilla Juana Gálvez, castigo que ha recurrido.

Estas sanciones han provocado malestar tanto en los secretarios como en los jueces, colectivo este último que se plantea la posibilidad de ir a la huelga el próximo 18 de febrero.