Andalucía

Bolaños procesa a dos altos cargos y al ex futbolista Pizo Gómez por las pólizas de Cenforpre

  • La juez exculpa al ex diputado del PSOE vasco Antonio Aso Martínez al considerar que no ha quedado acreditada su participación

Una nueva pieza que llega al final de su instrucción. La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha procesado a cinco personas, entre ellas el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director de Trabajo Javier Guerrero, así como al ex futbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, conocido popularmente como Pizo Gómez, en relación con las pólizas suscritas para el Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre). Esta pieza es una de las seis que la juez introdujo en el plan piloto para la finalización y enjuiciamiento de la macrocausa de los ERE.

La juez ha dictado un auto en el que procesa además al jefe de Pizo Gómez, José Miguel Errecalde, y al directivo de Vitalia Antonio Albarracín, pero ha exculpado al ex diputado del PSOE vasco Antonio Aso Martínez, al estimar que no ha quedado acreditada su participación en estos hechos que para la instructora constituyen delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En el auto, la juez recuerda que en esta pieza se investiga la suscripción el 1 de agosto de 2007 de una póliza de rentas de supervivencia y nueve pólizas de capital diferido por José Antonio Gómez Romón, por mediación del que fuera su jefe en la empresa Cenforpre, José Miguel Errecalde Treviño, pólizas por las que percibiría “a sabiendas que ningún derecho tenía a recibir tales rentas la suma de 491.424,43 euros desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008”, y que se ingresaron en una cuenta de la que es titular y que se cobró íntegramente. De esas pólizas fue tomador la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo Javier Guerrero y con el importe de esas rentas fue abonando las cuotas de amortización de un préstamo que pidió en la Caja Rural de Navarra de 500.000 euros.

Dice la juez que serán enjuiciados en esta pieza todos aquellos que “de forma activa y consciente” participaron en la gestión, concesión de ayudas desde todos los ámbitos administrativos o privados, o se beneficiaron ilícitamente de las mismas.

Bolaños explica que la hipótesis inicial sostenida en este caso era que Gómez Romón, “prevaliéndose de la amistad que su jefe, el señor Errecalde, tenía con el señor Guerrero, consiguió para éste una póliza bajo la apariencia de pago de un supuesto servicio, que no era real” pero esta hipótesis “ha sido absolutamente descartada tras la práctica de las diligencias desarrolladas”.

Sin embargo, Bolaños destaca que de las diligencias practicadas se desprende la existencia de “indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos delictivos”.

Así, la juez entiende que el entonces director de Trabajo Javier Guerrero otorgó como “medio para el pago de unos servicios prestados por la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), una póliza de rentas de supervivencia y nueve de capital diferido”.

Cenforpre, prosigue la instructora, realizaba programas de formación para la Junta de Andalucía y venía cobrando dichos servicios mediante transferencias bancarias, pero los últimos cursos realizados, concretamente, un proyecto de divulgación de riesgos laborales (formación de graduados de colegios profesionales), iniciado en 2004 y finalizado en 2006, “no podían pagarse por falta de presupuesto” y “esta parece ser que fue la causa por la que Guerrero propone al señor Errecalde pagar mediante una póliza de rentas”. Pero para ello era necesario que apareciera como “beneficiario” una persona física y Errecalde propuso a su empleado, Pizo Gómez, para que apareciera como beneficiario de la póliza a la hora de cobrar esos servicios.

Gómez aceptó y percibió 491.424,43 euros que utilizó para avalar un préstamo de 500.000 euros que solicitó a la Caja Rural de Navarra para pagar una deuda a Hacienda, “habiendo devuelto Errecalde unos 200.000 euros”.

La utilización de este sistema, el uso de pólizas para resolver estos asuntos, según declaró Guerrero ante la Policía, era un “método conocido y consentido” por el entonces consejero de Empleo Antonio Fernández, añade la juez.

El directivo de Vitalia Antonio Albarracín, según el auto, “conocía la irregularidad” de la póliza de Pizo Gómez, mientras que el ex diputado socialista vasco Antonio Aso Martínez era un “técnico que gestionaba y organizaba la realización de estos cursos” que se realizaron realmente y en los que Bolaños no ve “indicios de participación alguna en el cobro de los mismos ni en la emisión de la póliza”. Para la juez, “no ha quedado acreditada la existencia de mínimos indicios de su participación dolosa en los hechos”, por lo que procede acordar el sobreseimiento respecto a Antonio Aso Martínez.

Bolaños entiende que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicas y por ello ha procesado en esta pieza de los ERE al ex consejero Antonio Fernández, al ex director de Trabajo Javier Guerreo, al ex futbolista Pizo Gómez, a su jefe, Miguel Errecalde Treviño, y al directivo de Vitalia Antonio Albarracín.

En el auto dictado ahora, la juez concede un plazo de diez días a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones de la Junta de Andalucía y el PP para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

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