Barrientos podrá salir de prisión con una fianza de 150.000 euros

  • La medida fijada por la instructora del caso Astapa se extiende a dos ex ediles del Ayuntamiento de Estepona y al jefe de gabinete del ex alcalde · Deberán comparecer en el juzgado el 1 y el 15 de cada mes

Menos de seis meses han estado en prisión el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete, José Flores, y los concejales del PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina a raíz de la instrucción del caso Astapa contra la presunta trama de corrupción municipal destapada en Estepona.

Para todos ellos la instructora del caso Astapa, Isabel Conejo, decretó ayer por la mañana libertad bajo fianza de 150.000 euros, así como la obligación de comparecer todos los días 1 y 15 de cada mes ante los juzgados. Además, se les retirarán sus pasaportes según informaron fuentes judiciales que señalaron que la decisión de la instructora del caso se ha tomado después de que el ministerio fiscal haya solicitado el cambio de la situación personal de los imputados.

En el caso del ex alcalde, Antonio Barrientos, fuentes de su defensa señalaron que la familia está "intentando reunir la cuantía de la fianza que se espera consignar mañana por la mañana en los juzgados", de modo que Barrientos podría abandonar por la tarde la prisión de Alhaurín, en la que permanece desde el pasado 20 de junio.

No obstante, en la tarde de ayer se apuntó la posibilidad de que alguno de los cuatro internos abandonasen la penitenciaría, extremo que finalmente no sucedió. El ex regidor esteponero sí recibió la visita de su hermano, Manuel Barrientos -también imputado en el caso-, que estuvo acompañado, al parecer, de un ex concejal de Urbanismo de este mismo municipio, Juan Mena, y de un empresario de la localidad. Tras permanecer alrededor de veinte minutos en el interior de la cárcel, el familiar de Barrientos abandonó las instalaciones sin hacer declaraciones ni concretar el momento en que su hermano saldría. Al ser preguntado al respecto, se limitió a contestar:"Claro que saldrá".

Tanto a Barrientos como a Flores, Crespo o Reina se les imputan los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, malversación y cohecho, delitos estos a los que se suma el de fraude en el caso de Reina. Barrientos renunció a su acta de concejal en el momento en el que la jueza decretó contra él prisión incondicional. Sin embargo, Crespo y Reina conservaron sus actas, por lo que podrán ocupar su puesto en el salón de plenos en la próxima sesión. De este modo, habrá ocho ediles imputados en la sesión plenaria, todos ellos en la oposición junto a dos concejalas no adscritas que abandonaron el PES al no compartir la decisión de sus compañeros de no renunciar a sus actas y que se suman a los cinco concejales del PP que tampoco gobiernan.

Además de decretar prisión contra estos cuatro imputados, la juez también lo hizo contra el técnico municipal Javier Wittmeur que salió de la cárcel el pasado 31 de julio tras abonar 60.000 euros. La fianza impuesta a estos imputados es la tercera más alta fijada hasta ahora en el caso. La más elevada se impuso al ex consejero delegado de Valle Romano, Luis Fernando Linares, que tuvo que abonar 500.000 euros para quedar en libertad, mientras que en los casos de los empresarios José Romero y Antonio Bazán dicha cifra se rebajó a los 300.000 euros, la misma cantidad que tuvieron que pagar el ex gerente de Urbanismo, Pedro López y el abogado Juan Simón.

Desde la defensa de los cuatro imputados para los que se ha decretado la libertad lamentan que la jueza haya marcado como condición indispensable el pago previo de la fianza para poder abandonar la prisión cuando a otros imputados se les dio un plazo de cinco días para depositar la fianza

A día de hoy, hay 63 imputados en este caso, de los que 19 están en libertad bajo fianza y 40 en libertad sin fianza. La operación Astapa se desató el pasado 17 de junio, cuando se produjo el registro simultáneo de la casa de Barrientos, así como del Ayuntamiento y de otras sedes municipales. Entonces se produjeron más de una veintena de detenciones. La mayoría de los delitos imputados durante la investigación son cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

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