Un fallo demoledor. La Audiencia Provincial de Granada ha sido contundente con el conocido constructor granadino José Ávila Rojas, quien ayer recibió un auténtico mazazo judicial: una dura condena de 8 años de prisión por engañar a Hacienda en dos operaciones inmobiliarias llevadas a cabo en los años 2001 y 2002 en Marbella.

La sentencia establece que el empresario cometió cuatro delitos consumados de defraudación a la Hacienda Pública, los mismos que le imputaba el fiscal del caso, Luis Salcedo.

A la Audiencia no le cabe duda de que Ávila Rojas actuó como empresario en aquellas operaciones. Comparte así la tesis de la Fiscalía y establece que "no se está ante un sujeto pasivo que presenta una declaración veraz, sino ante un obligado tributario que deliberada y conscientemente ha manipulado su declaración del IRPF y del IVA de los ejercicios 2001 y 2002 con el ánimo de defraudar a la Hacienda Pública, eludiendo el pago de los impuestos que le correspondía ingresar".

Por cada uno de los delitos le impone dos años de cárcel, al tiempo que declara el máximo de cumplimiento efectivo de la pena de prisión en 6 años. Esto es, si Ávila Rojas fuese finalmente al presidio por estos hechos, su encarcelamiento no podría superar ese máximo indicado. En cuanto a las multas fijadas por cada delito, suman unos 10 millones de euros.

La Audiencia también le castiga a "la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social durante el periodo de 4 años".

En lo que a indemnizaciones se refiere, el tribunal ha dispuesto que el empresario deberá indemnizar al Erario Público en algo más de 5 millones de euros, así como abonar los intereses correspondientes.

La Audiencia sólo ha estimado a favor del constructor granadino, que durante la celebración del juicio, a mediados del mes pasado, afirmó que con Hacienda tenía "las cuentas claras", su absolución por el delito de apropiación indebida del que también se le acusaba.

De este delito le acusó una empresa de Madrid -Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio SL- que estaba personada en la causa como parte perjudicada -acusación particular- y que, de forma sorpresiva, retiró los cargos al término del juicio, tal vez por haber alcanzado algún tipo de acuerdo con el constructor.

La defensa de Ávila Rojas pedía la libre absolución y sustentaba su petición en que siempre actuó como persona física y no como empresario, un extremo rechazado por la Audiencia. A juicio del tribunal, aquellas operaciones fueron realizadas por "un empresario profesionalmente dedicado a la promoción inmobiliaria" y "de ningún modo pueden equipararse a la adquisición de una finca por un particular".

Es más, los magistrados de la Sección Primera creen que el constructor tuvo ánimo de defraudar al Fisco y que, por tanto, "sabía perfectamente lo que hacía en todas las operaciones, conocía sus obligaciones con Hacienda y, en efecto, presenta declaraciones en los ejercicios discutidos -2001 y 2002- si bien omitiendo total o parcialmente determinadas operaciones que no le interesaba reflejar".