La Audiencia de Granada anula el informe patrimonial del caso Nevada

  • El tribunal estima que los datos sobre los imputados se obtuvieron de modo ilícito

La Audiencia Provincial de Granada dio ayer un segundo carpetazo al informe patrimonial de los imputados en el caso Nevada, relacionado con la supuesta tramitación irregular de un parque comercial paralizado judicialmente en Armilla. En un auto, de fecha 13 de junio, la Sección Segunda de la Audiencia ordena al titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miguel Ángel del Arco, que sigue las diligencias, la destrucción del atestado que elaboró la Guardia Civil sobre un posible enriquecimiento ilícito. El informe había sido remitido por el juez instructor, a petición del fiscal, al decanato para que, a su vez, derivase a otro Juzgado la investigación sobre posibles incrementos de patrimonio de los imputados por la tramitación del centro comercial.

El auto, de poco menos de un folio, responde a las 25 páginas en las que el titular de Instrucción 6 argumentaba las razones jurídicas por las que, a su entender, al acordar la investigación patrimonial de los imputados no estaba en un supuesto de prueba "ilícitamente obtenida".

Para justificar tal postura, el juez instructor estimaba que en las resoluciones de la Sección Primera de la Audiencia de Granada no había "ninguna referencia" a su anulación ni que se tratase de una "prueba ilícita".

Por contra, el Auto de la Sección Segunda, del que ha sido ponente el magistrado Eduardo Rodríguez Cano, se limita a exponer como fundamentos de derecho que el juez instructor "no dio cumplimiento a lo acordado por la Audiencia" en el primer auto que rechazaba la investigación. Aclara así el auto que "nulo" es "aquello que no debe producir efecto", por lo que el instructor "no debió admitir ni el informe de la Guardia Civil ni documentación anexa alguna". En consecuencia, mantiene el criterio de la Sección Primera, en su primer auto, según el cual debe procederse "a destruir" el material recepcionado "indebidamente".

Entre los imputados en el caso Nevada, en el que hay una decena de acusados, se encuentran el ex alcalde socialista de Armilla, José Antonio Morales Cara, el ex concejal de Urbanismo de este municipio, Gabriel Cañavate, y el empresario inmobiliario Tomás Olivo, promotor del centro.

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