El actual sistema de ingresos de los gobiernos municipales se sustenta, en buena parte, en el ICIO, el impuesto que se aplica sobre la construcción, instalación y obras. Una tasa que ha ido ganando protagonismo en los últimos años en los que buena parte del crecimiento económico se ha basado en la construcción, pero que también ha sido la primera afectada por el freno en la actividad que vive este sector actualmente. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ofreció en la mesa del Foro de Municipalismo un dato revelador: "Hay ayuntamientos en los que estos ingresos han bajada hasta un 80% en los últimos meses y lo están pasando muy mal". Su receta ante esta situación, aplazar la aplicación de la ley de estabilidad para los ayuntamientos, y es que ésta limita desde este mismo año su capacidad de endeudamiento en inversiones. "Queremos dar respuesta a la crisis y nos quitan un instrumento importante para hacerlo", sostuvo el regidor malagueño.

"Los ayuntamientos no podemos seguir dependiendo de un sistema de financiación vulnerable que depende de la coyuntura económica. Actualmente nos financiamos de la construcción, lo que supondrá una reducción en los ingresos de estos impuestos de en torno al 40%", añadió otro alcalde del PP, Pedro Rodríguez. El discurso ayudó a Rosa Aguilar (IU) a pedir a los regidores no hacer "política del endeudamiento municipal para tratar sacar crédito electoral". El alcalde de Algeciras añadió un nuevo problema para los ayuntamientos, el incremento de los tipos de interés que también está afectando a los municipios que mantienen créditos con la banca.

La socialista Pilar Sánchez, alcaldesa de Jerez, fue la que más acercó sus propuestas para paliar esta crisis en la construcción a las que ha venido defendiendo la Junta de Andalucía desde su Consejería de Vivienda. De un lado, acelerar la aprobación de los nuevos planes de urbanismo adaptados a la nueva legislación andaluza, para lo que pidió ayuda, tanto de asesoramiento como económica, a la Junta. La segunda pieza clave, añadió, es aumentar la disponibilidad de suelo municipal para la construcción de vivienda protegida, sobre la que no ha descendido la demanda.