Agredir a un profesor o a un médico de la privada no es un atentado a la autoridad

  • La Fiscalía del Estado aclara a la de Andalucía que funcionarios son sólo los de los centros públicos

La Fiscalía General del Estado ha aclarado a la Fiscalía Superior de Andalucía que la agresión a un profesor de un centro privado o concertado o a un médico de un hospital ajeno a la red sanitaria pública no debe considerarse un delito de atentado contra la autoridad. Ni siquiera la gravedad de las agresiones puede dar pie a dicha consideración, toda vez que la Fiscalía del Estado insiste en que sólo la condición de funcionario de la Administración Pública es el factor determinante para calificar el ataque de atentado contra la autoridad.

Esta aclaración se ha transmitido a través de una circular a las fiscalías de toda España. En ella se especifica la calificación para las agresiones que sufran funcionarios públicos en el ámbito de la enseñanza y la sanidad, "ya que dañan la actuación de personas que prestan un servicio de interés general que la Administación pone a disposición de los ciudadanos".

Y para que sea considerado funcionario público debe haber sido nombrado por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de la autoridad competente.

En concreto, la Fiscalía dice expresamente que el delito no será de aplicación para los profesionales de la educación o de la salud que trabajen en empresas o instituciones públicas vinculadas a la Administración en régimen de concierto u otra fórmula similar.

Estos criterios de la Fiscalía del Estado resuelven las dudas planteadas por la Fiscalía de Andalucía sobre el tratamiento jurídico-penal de este tipo de agresiones, que son frecuentes en centros educativos y sanitarios públicos.

Para que dicha agresión sea considerada como atentado contra la autoridad y funcionario público deberán cumplirse unos requisitos, entre ellos que exista acometimiento, empleo de fuerza, intimidación contra médicos o profesores en el ejercicio de sus funciones.

Precisamente, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE-Andalucía) aplaudió recientemente la decisión de la Fiscalía de Sevilla de considerar un delito de atentado una agresión a un profesor de Secundaria, hechos que hasta entonces estaban tipificados como simples falta que sólo implicaban una multa contra el agresor. este caso se produjo en un instituto público de la capital andaluza.

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