Continúa el contencioso sobre las ayudas concedidas a las zonas de pastos y el nuevo capítulo, que viene por decisión del Tribunal Supremo, trae buenas noticias para la Junta de Andalucía, ya que ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero, por el que se exigía al Gobierno andaluz el pago de 63,7 millones de euros correspondientes a la sanción europea en relación con las ayudas en zonas de pastos, según informa el Gobierno regional.

La Consejería de Agricultura viene insistiendo en el "perjuicio económico" que provocaría la decisión del Gobierno central de derivar a las comunidades autónomas -junto a Andalucía hay otras diez perjudicadas por esta situación- la sanción de 262,8 millones de euros que la Comisión Europea le impuso al Ejecutivo por el aprovechamiento de los pastos.

La sanción de Bruselas responde a que, según las instituciones europeas, el Gobierno traspasó a la normativa estatal, de forma tardía e inadecuada, el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos, excluyendo terrenos no productivos como los ocupados por arbolado o matorral denso.

Con el acuerdo del 17 de febrero, el Ejecutivo central traspasó a las comunidades la responsabilidad por este defecto, referido a las campañas entre 2009 y 2013.

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, se ha felicitado por el respaldo a la postura de Andalucía por parte del Tribunal Supremo, ante el que se presentó un recurso después de que el Gobierno central "no tuviera en cuenta" la reclamación que previamente se hizo por vía administrativa.

Ortiz recuerda en este sentido que las comunidades autónomas "simplemente hemos aplicado una normativa básica de carácter estatal" siguiendo los criterios fijados por el propio Ejecutivo central, de ahí que considere "injusto" que al final se pretenda derivar la multa a Andalucía y otras diez regiones. "Esperamos que, al igual que ahora se ha suspendido cautelarmente esa decisión del Gobierno central que nosotros considerábamos injusta, al final los tribunales nos den la razón y no tengamos que pagar una multa que sería un grave perjuicio para los intereses de Andalucía y, especialmente, de los más de 250.000 agricultores y ganaderos que perciben ayudas de la PAC".

La Abogacía del Estado, por su parte, no se ha opuesto a la suspensión cautelar del desembolso instada por Andalucía y ha interpuesto, además, una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la decisión de la CE de la que derivan los pagos por considerarla desproporcionada y no ajustada a derecho, según consta en su escrito de alegaciones.